SE dice que el nuevo Código Penal que prepara el Gobierno del PP es el más duro de la democracia, pero echo en falta dos cuestiones que me parecen muy graves. Una de esas cuestiones es la condena que reciben los conductores que han consumido grandes cantidades de alcohol o de drogas -o las dos cosas-, y que son responsables de un accidente con una o varias víctimas mortales. Y la segunda cuestión es que no veo por ninguna parte un endurecimiento de las condenas a los políticos que hayan robado dinero público, ni tampoco una exigencia de que devuelvan el dinero robado, o al menos den pistas a la Policía que permitan recuperarlo. Que sepamos, Luis Roldán estuvo diez años en prisión, o quizá menos, y luego salió a la calle sin haber devuelto ni un céntimo de los treinta millones de euros en fondos públicos que hizo desaparecer cuando fue Director General de la Guardia Civil. Conclusión: Luis Roldán está ahora disfrutando de esos millones, con lo cual sale a cuenta robar dinero público.

Estas dos cuestiones son muy importantes, y más aún en esta época de penurias y exacciones fiscales y recortes brutales de salarios y servicios públicos. Porque tengo la sensación de que seguimos teniendo un Código Penal que en última instancia beneficia a los ciudadanos que se saltan la ley, en vez de favorecer a los que cumplen con ella. ¿De qué vale pagar impuestos -muchísimos impuestos-, si luego resulta que los políticos que hacen desaparecer el dinero público que se financia con esos impuestos no se ven obligados a devolver el dinero que han robado? ¿Y de qué sirve conducir respetando todas las normas, si luego resulta que un conductor que arrolla borracho a otro coche, matando a sus dos ocupantes, sólo recibe una condena de cuatro años de cárcel? Puede que cuatro años de cárcel sean muchos, y lo son para la persona que va a cumplirlos, pero son muy pocos años para las familias que han perdido a sus seres amados a causa de una irresponsabilidad flagrante.

Parece evidente que en España somos demasiado complacientes con la conducción bajo los efectos del alcohol, lo mismo que somos asombrosamente indulgentes con la malversación de caudales públicos. Y eso explica que no haya una presión social por parte de familiares, amigos y compañeros de salidas nocturnas que nos impida conducir cuando no estamos en condiciones de ello. Y eso explica que muchos políticos actúen con la convicción de que nunca les va a pasar nada. Por eso es necesario que las medidas del Código Penal tengan un valor disuasorio que nos asuste y nos haga desistir de hacer lo que no debemos. Y eso sólo ocurrirá, por ejemplo, el día en que se castigue con veinte años de cárcel al conductor que ha matado a dos personas conduciendo borracho.