en tránsito

Eduardo Jordá

En Mercedes

SUPONGAMOS que un señor organiza una vasta trama de evasión de capitales. Supongamos que ese señor monta también una red de extorsión y de blanqueo de dinero, en la que están implicados policías, políticos y funcionarios de alto nivel. Supongamos que ese señor y sus socios -o compinches- sacan al mes de España entre cuatro y cinco millones de euros que no tributan a Hacienda y que han eludido todas sus obligaciones fiscales. Supongamos que la Policía monta una compleja operación policial que ha requerido meses y meses de trabajo paciente y en la que han llegado a participar hasta 500 policías. Y supongamos que por fin se consigue detener a ese señor y a sus socios, y que todos son encarcelados por acusaciones gravísimas de blanqueo de dinero y de fraude masivo a Hacienda. Pero supongamos que un mes y pico después, ese señor y sus socios salen tan tranquilos de la cárcel, y además en su propio Mercedes -conducido por el chófer, imaginamos-, porque un extraño error judicial ha permitido su excarcelación y la de todos sus socios, o compinches, o como queramos llamarlos.

Pues bien, todo esto acaba de suceder en nuestro país. Este señor tiene nombre y apellidos, y todo el mundo conoce muy bien su historia. Y uno se pregunta qué pensarán los parados que llevan ya meses o años sin perspectivas de encontrar trabajo, y que incluso se han quedado ya sin prestaciones ni ayudas de ninguna clase. Y uno se pregunta qué pensarán todos los desahuciados de unos pisos que no pudieron pagar, pero cuyas órdenes de desahucio nunca sufrieron ningún error judicial que permitiera aplazar la orden fatídica. Y uno también se pregunta qué pensarán los trabajadores, tanto del sector público como privado, que tienen que trabajar muchas más horas por salarios mucho más bajos, y en peores condiciones, y sin la esperanza de que esas condiciones mejoren algún día. Y uno se pregunta, por último, qué van a pensar los contribuyentes que aún tienen trabajo y una nómina, y que por eso mismo tienen que sufragar los gastos de un Estado al borde de la quiebra, sacrificando una gran parte de su trabajo y de sus ahorros. Ya sé que todos debemos pagar impuestos, pero como mínimo se nos debe garantizar que no van a reírse de nosotros los que se dedican a hacer desaparecer cada mes entre cuatro y cinco millones de euros.

Yo no sé si alguien se da cuenta del barril de pólvora que significan estas situaciones. Que en un país que ha sufrido desde hace treinta años una auténtica diarrea legislativa, y en el que cualquier ministro o cualquier autonomía se dedicaba a legislar sobre los ríos y el flamenco y los patrimonios intangibles, puedan ocurrir estas cosas nos demuestra por qué, después de todo, hemos llegado a ser un Estado fallido. Mal asunto.

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