Editorial

Mezquita: ganar y perder a la vez

LA Justicia ha dado vía libre a la construcción de la mezquita en Los Bermejales al desestimar el recurso de la asociación de vecinos del barrio contra el derecho de superficie otorgado a la comunidad islámica para alzar un templo musulmán en el sector Sur de la ciudad. Aunque los vecinos han anunciado que elevarán un recurso ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que a su juicio ello significará el mantenimiento de la suspensión cautelar del proyecto durante al menos dos años más, el fondo de la cuestión se ha dilucidado a favor del Ayuntamiento en los dos grandes aspectos en litigio: 1) El suelo, al contrario de lo sostenido por los vecinos, es un dominio público de naturaleza patrimonial, lo que faculta al Ayuntamiento a constituir un derecho de superficie (el mismo régimen que se aplicaba en Cartuja 93 sobre las parcelas de la Expo 92) en favor de la comunidad islámica; 2) El terreno no es un equipamiento de carácter local y al servicio exclusivo de Los Bermejales, luego puede albergar una mezquita circunscrita al ámbito de la ciudad de Sevilla (en la misma avenida de Grecia se cedió suelo para un templo de la Iglesia Católica). El Ayuntamiento, pues, ha ganado el pleito pero, en una cuadratura jurídica insólita, lo ha perdido simultáneamente, porque el alcalde se ve ahora preso de sus propias promesas en vísperas de las elecciones, que hizo de forma oportunista con el fin de ganarse el voto de los vecinos de Los Bermejales. Entonces, ante los directores de los medios de comunicación de la ciudad, ratificó que la singular mezquita proyectada en el barrio no se construiría nunca, aunque dejó la puerta abierta a otro templo de carácter "menor" -una rebaja que sabe inaceptable para los musulmanes- y que, si de él dependiera (una vez sustanciado el pleito), el proyecto no se retomaría. Un Estado de Derecho funciona mediante procedimientos reglados y no por caprichos electoralistas, de ahí que si el Ayuntamiento quiere realmente revocar su propio acuerdo - que ahora se revela ajustado a la ley- deberá ser indemnizando a la comunidad islámica.Como siempre, quien pagará es Sevilla.

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