la esquina

José Aguilar

Mira quién habla...

FALTA coherencia. El mismo Gobierno andaluz que dice no tener nada que ocultar en el caso de los ERE fraudulentos y se declara dispuesto a poner en marcha una comisión parlamentaria de investigación sobre el escándalo salió ayer con la pamema de que no ve motivos para que Griñán, Chaves o cualquier otro miembro de la Junta comparezcan ante esta comisión.

Dijo Susana Díaz, consejera de Presidencia, que el informe de la Guardia Civil que apunta al conocimiento de la trama por parte de Griñán no contiene elementos probatorios. ¿Cómo que elementos probatorios? Los elementos probatorios son para los tribunales. Una comisión parlamentaria se dedica a delimitar las responsabilidades políticas a que hubiere lugar, no a demostrar delitos. Si el Parlamento investiga algo no es para encontrar culpables según el Código Penal, sino responsables desde el punto de vista político.

Falta coherencia. El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha considerado "mezquinas" las críticas de la propia Susana Díaz y otros dirigentes del PSOE andaluz a los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por elaborar, a petición de la juez Alaya, un atestado basado en suposiciones y conjeturas (las críticas alcanzan a Alaya por dirigir una instrucción presuntamente inquisitorial y una causa general de inspiración partidista). Y lo denuncia el ministro del Interior de un partido que se ha hinchado de atribuir motivaciones espurias y manipulaciones partidistas a acciones policiales y judiciales que le perjudicaban.

Desde que Álvarez Cascos, entonces número dos del PP en la oposición, se inventó la doctrina -por llamarla de alguna manera- de que los tribunales deben dictar sentencias de acuerdo con la mayoría social (fue a propósito de los GAL), los populares han acumulado un rosario de descalificaciones contra las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Judicatura, acusadas de servir al Partido Socialista cuando éste gobernaba y siempre para dañar al Partido Popular. ¿Recuerdan cuando el caso Gürtel era un invento de los socialistas incapaces de ganar en las urnas en Madrid y Valencia, cuando el alcalde de Alhaurín gritaba al entrar en el juzgado "¡no vienen a por mí, vienen a por el PP!" pese a que las imputaciones de corrupción eran personales e intransferibles, o cuando a la atleta Marta Domínguez la perseguía la Guardia Civil sólo por su militancia en el PP? Son sólo ejemplos.

Sí, les falta coherencia a ambos. Por la sectaria ley del embudo: exigen rigor, investigaciones y uso apartidista de los instrumentos del Estado si es para aplicarlos al adversario, pero si los damnificados son o pueden ser los propios, entonces sus hechos dejan de coincidir con las palabras. Así es muy difícil confiar en ellos.

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