LA Generalitat catalana ya no tiene que exigir trasvases de agua. La hay de sobra, aunque maloliente. Por el caso Mari Luz, el presidente de la Audiencia de Sevilla, Miguel Carmona, admite que "el sistema judicial hace aguas por todas partes". La España plural es una, grande e indivisible chapuza judicial. Reclamamos la instalación urgente de desaladoras en las oficinas judiciales, para que los políticos catalanes salven el culo y se libren de monumentales caceroladas. Y sobre todo para saciar la sed de justicia que a todos nos embarga el ánimo y la carta de ciudadanía.

Si Montesquieu levantara la cabeza y viera lo mal que se trata en España al poder judicial por parte del Ejecutivo y del Legislativo, pediría que se la cortaran en la guillotina para no pasar la vergüenza de explicar cómo puede degenerar tanto el sistema democrático y cuán grande es el eufemismo al llamarlo Estado de Derecho. En España se malgasta el tiempo en tirarse los Estatutos a la cabeza para convertir las autonomías en reinos de taifas. Se prometen becas, megas, trenes, dentistas y vacaciones. Nunca se le da prioridad a la Administración de Justicia porque por su propia razón de ser es la menos dependiente del clientelismo político. Por eso la tienen sepultada en el caos más trasnochado. Los juzgados no dan votos, el pueblo no comprende que todos estamos expuestos a que nos ahoguen en las lagunas del sistema y a los políticos sólo les interesan para judicializar los contenciosos partidistas, para asfixiar su independencia de criterio incluso en el Tribunal Constitucional.

Los que juzgan a diario han de aprender a ser juzgados por la sociedad. Y los funcionarios deben perder la condición de intocables con la coartada de las carencias. Por mal que estén dotadas las oficinas judiciales, cuántos millones de españoles tiran del carro en lo suyo con menos bueyes, peores caminos y más sobrecarga de trabajo que todos los implicados en el caso Mari Luz.