Análisis

Rafael / Salgueiro

Mudanzas en tiempos de turbulencia

Los presupuestos de 2011 van a ser todo lo restrictivos que corresponde a la obligación de reducir el déficit público · Además, se avanza en la reforma de la Seguridad Social, un sistema hoy insostenible

LAS finanzas de las administraciones españolas están sufriendo un durísimo ejercicio 2010, en el marco de unos presupuestos cuya redacción fue todavía reacia a reconocer en todo su alcance el grave daño que la crisis provoca en los ingresos públicos y las necesidades automáticas de gasto adicional que conlleva, dentro de nuestro sistema de protección social. Los presupuestos de 2011, que conoceremos muy pronto, van a ser todo lo restrictivos que corresponde a las obligaciones de reducción del déficit público y, esperemos, al reconocimiento de que no se va a producir un crecimiento de la actividad y del empleo que proporcione mayores ingresos manteniendo la actual fiscalidad.

Por el lado de los ingresos, además de una subida del IVA de la que no podemos estar seguros de que vaya a tener un efecto neto positivo para las cuentas públicas, se han producido los habituales globos sonda con los dos mantras de siempre. A saber, que la presión fiscal en España es menor que en otros países de referencia, -no según la OCDE- y que los más ricos han de hacer un esfuerzo mayor -ya lo hacen- para ayudar a la salida de la crisis. Alguien con mala intención podría decir que hagan más esfuerzo quienes hayan votado al actual presidente, lo que no sería menos inconsistente que los dos argumentos anteriores. No sabemos todavía qué sucederá con los presupuestos del Estado, pero ya varias comunidades autónomas han anunciado la elevación de los tipos del IRPF a partir de determinados ingresos, la elevación de los impuestos sobre actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales, el establecimiento de tributos sobre los depósitos en entidades financieras o la utilización de bolsas de plástico de un solo uso, entre otros.

Sea como fuere, se acepta que la capacidad de allegar ingresos adicionales en las actuales circunstancias es muy limitada, especialmente para las administraciones locales, por lo cual se ha actuado y se seguirá actuando sobre todo sobre los gastos. Lo hemos visto de forma explícita con la reducción de sueldos a los funcionarios, que no deja de ser comprensible, con la congelación de las pensiones en 2011, que no ha sido bien explicada y con el "recorte" de la inversión en obras públicas.

Además se avanza una modificación limitada del sistema de la seguridad social, que no va a atajar los problemas de fondo sino que sólo desplazará en el tiempo el momento en que habría que hacer uso del Fondo de Reserva. Lo que se está planteando es muy simple: ampliemos los años de cotización que se consideran en el cálculo porque resultará una pensión más reducida en la mayor parte de los casos, y ampliemos la edad de jubilación porque así tendremos a una persona cotizando durante más tiempo y, lógicamente, cobrando durante menos tiempo. Está claro que el sistema es financieramente insostenible, de modo intrínseco porque es un sistema piramidal que depende del continuo crecimiento de la base y de una permanencia limitada en la cúspide, dos postulados que como es sabido se están trastocando. Y lo notable es que hay que reducir la prestación a pesar de que la mayor parte de los trabajadores y sus empleadores aportan al sistema nada menos que el 30% de su salario a lo largo de toda su vida laboral. ¿Se imagina usted qué fondo de pensiones tendría acumulado si hubiese ahorrado esa cantidad desde su primer salario? Habrá que emprender una reforma profunda hacia un sistema mixto de capitalización y reparto, tal como hicieron los suecos en su momento tras varios años de debate y diseño de alternativas.

En el ámbito de la obra pública el Ministerio de Fomento introdujo antes del verano un serio recorte recientemente matizado, respondiendo quizá a presiones políticas y a los argumentos de las grandes empresas del sector. Es posible que el primer recorte fuera impreciso, pero ha tenido en mi opinión unos efectos muy importantes, admitiéndose públicamente que no toda la obra pública está justificada, que hay que buscar soluciones más eficientes en coste y que hay que establecer formas alternativas de financiación de los proyectos. Entre estas alternativas se ha abierto la puerta a la financiación privada, y la explotación en su caso, para aquellas inversiones que el Estado ya no puede asumir, por ejemplo el AVE a La Coruña.

Quizá sea interesante recordar ahora que el gobierno de Chile en los años 90 estableció una arquitectura concesional que ha sido modélica en muchos aspectos, por la claridad de los requisitos exigibles a los concursantes, la transparencia en los concursos, la limitación de la discrecionalidad del adjudicador, el diseño de la retribución al adjudicatario y las garantías que le son dadas, y por un eficaz esquema de resolución de controversias; todo ello dentro de un marco de acreditada seriedad gubernamental en el cumplimiento de los compromisos.

Los ingresos públicos eran absolutamente insuficientes para abordar la inversión en infraestructura a la vez que se ampliaba la inversión en políticas sociales, cualquiera que fuese el escenario de imposición fiscal imaginable. Y no había por allí ninguna Unión Europea con un Política Regional bien dotada o con un Fondo de Cohesión que pudieran suplir las limitaciones, como ha sido nuestro afortunado caso. Aquella orientación ha funcionado muy bien y probablemente con más beneficio para el Estado y para la sociedad chilenos que para los propios adjudicatarios, que no dejan de obtener una compensación razonable.

Nuestras limitaciones presupuestarias que se van a mantener durante muchos años y la demanda de gasto social va a ser creciente, de modo que el éxito de esa experiencia y otras sugieren que no deberíamos dejar pasar la oportunidad de diseñar un sistema concesional amplio en su alcance, riguroso y atractivo para la inversión. Y, por favor, un sistema único para toda España, no los habituales diecisiete.

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