ES ilusorio que la oposición vaya a pedir perdón al consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano, después de que el TSJA archive la denuncia de prevaricación y falsificación que pesaba sobre él, no por su gestión como consejero, sino de mucho antes, de cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla. Tampoco el PSOE lo ha pedido a cargos públicos del PP a los que les ha pasado lo mismo. Como a la ex alcaldesa de Jerez García-Pelayo, sin ir más lejos.

Es una de las consecuencias dañinas que nos ha traído la corrupción y, sobre todo, el modo en que las instituciones y los partidos la han afrontado. Lo han hecho judicializando la política hasta extremos insospechados y utilizando todos y cada uno de los casos detectados para desgastar al adversario. Sin parar en barras. Si a esta deriva sectaria se añaden la crisis de un periodismo urgido a pelear por la mera supervivencia y el gran basurero nacional instalado en las redes sociales -la verdad es la víctima en ambos casos-, el panorama es inquietante. Para la política y para la Justicia.

El principio constitucional de la presunción de inocencia, que se aplica a los delincuentes más infames, está falleciendo en lo que se refiere a los cargos públicos sobre los que se proyecte la sombra de la corrupción. Basta cualquier sospecha para el linchamiento, la condena y la estigmatización, aunque el reproche penal no llegue nunca.

Todo el peso de la ley debería caer sobre los corruptos. Incluso cabe pensar que hay delitos insuficientemente sancionados por el Código Penal. El problema es que son corruptos aquellos que hayan sido condenados en firme por un tribunal tras un juicio con todas las garantías jurídicas, pero aquí se pone en la picota a cualquiera que haya sido imputado (investigado), procesado, llamado a juicio o sometido a sentencia recurrible. ¡Qué digo imputado! A veces basta la denuncia de un particular o un informe policial -que se puede equivocar, como todo el mundo- para que un titular a cuatro columnas o una apertura de telediario arruine la vida de una autoridad que a lo mejor resulta ser inocente, pero que cuando la absuelven ya no puede recuperar el tiempo de honra perdido. Arrebatado.

Algunos han abusado tanto, el sistema democrático ha tardado tanto en reaccionar contra ellos y lo ha hecho tan inadecuadamente que entre todos hemos convertido la política en algo sospechoso en sí mismo y a los políticos en gente indigna de confianza.