LOS 115 empleados que aún permanecen en la empresa Calderinox, ubicada en Salteras, viven un calvario kafkiano del que se han desmarcado otros 133 compañeros a lo largo de los últimos doce meses. Les esperan unas Navidades muy amargas, si no reaccionan de inmediato todas las instituciones (Junta, CEA y sindicatos) para evitar que se pudra un drama vergonzoso. Porque a diario van a trabajar a una fábrica donde no hay actividad, ni se persona jamás un responsable de la compañía, ni se ponen al teléfono. En la empresa fantasma sólo está el vigilante de seguridad. Endesa ya ha cortado la luz y clientes como Boeing han retirado el material que tenían. No cobran desde septiembre y no puede optar a un subsidio de desempleo porque los propietarios no han declarado regulación de empleo, quiebra o suspensión de pagos.

El propietario es el consorcio Cnosa, de capital mayoritario luxemburgués. Es un grupo potente que ha concentrado la sede social de todas sus empresas en Erandio (Vizcaya). Facturan 200 millones de euros al año, con sociedades como Globalgas, que construye barcos gaseros de los que utiliza Repsol; y Winsea, que hace buques desaladores. Las víctimas de Calderinox no aciertan a saber cuál es el gato encerrado que lleva a unos empresarios a dejar morir una sociedad que compraron hace tres años cuando era rentable. Los 21.000 metros cuadrados de suelo industrial no pueden ser recalificados.

Para la industria sevillana es una pérdida sensible. Calderinox fue próspera, fabricaba para Danone, Pepsi Cola, Font Vella o EADS. Fue fundada en 1974 por tres obreros (Sebastián Prieto, José Ponce y Gonzalo Carretero), que, tras ser emigrantes en Suiza, y, partiendo de un taller, lo convirtieron en una empresa que daba trabajo a más de 200 personas en plantilla. Ahora vive el colmo de la contradicción laboral: los trabajadores apremian a la juez del número 1 de lo Mercantil para que dé legalmente por cerrada la fábrica.