editorial

Negocios que no pueden perderse

EL candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, se hizo acompañar del secretario de Estado de Medio Ambiente en su reciente encuentro con empresarios playeros de Málaga. La presencia de ambos estaba más que justificada, por las competencias que las dos administraciones tienen sobre el litoral andaluz y por la inquietud de los propietarios de chiringuitos por la aplicación rígida de la legislación que había venido promoviendo el Gobierno de la nación y la sensación de inseguridad que se había creado en el sector. El mensaje de ambos políticos fue claro: hay cinco provincias con mar en Andalucía y las cinco tienen tasas de desempleo en torno al 30% de su población activa. Por tanto, es imprescindible potenciar las actividades económicas que generan tradicionalmente riqueza y trabajo en las cinco provincias, siendo el turismo una de las principales. En este contexto, la preservación de los establecimientos próximos al litoral, como los chiringuitos y otros establecimientos playeros que se integran de modo natural en las formas de ocio de vecinos y turistas, se convierte en una prioridad, que ha de hacerse compatible con el cumplimiento de la normativa sobre el estado de las playas, la gestión de los residuos y los condicionantes estéticos que exige una sociedad desarrollada y cuidadosa del paisaje y del medio ambiente. Los gestores de chiringuitos expusieron al secretario de Estado y al candidato del PP andaluz las reivindicaciones que, a buen seguro, defiende todo el sector en las provincias afectadas (sobre separación mínima entre instalaciones, dimensión de las mismas, canon y periodo de concesión). No todas ellas podrán ser atendidas en función del interés general que la Administración ha de defender en todo caso, pero es evidente que existe un amplio margen para la negociación y la flexibilidad. Los chiringuitos, tan vinculados al turismo de sol y playa que es un sector puntero de la economía andaluza, merecen ser protegidos y, a la vez, han de cuidar estrictamente de los bienes públicos y evitar su deterioro.

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