LA constitución, el sábado, de los nuevos ayuntamientos democráticos se realizó bajo el signo de la normalidad en toda España, apenas inquietada por las protestas de los indignados que quedan del amplio movimiento nacido el 15 de mayo. Allí donde las urnas no otorgaron la mayoría absoluta a ningún partido se impusieron los pactos, coaliciones y alianzas. Nada que no hubiera ocurrido en elecciones locales anteriores. Ciertamente, la ausencia de acuerdos globales, a nivel nacional o andaluz, entre las dos formaciones clásicas de la izquierda (PSOE e IU) ha hecho que en esta ocasión se hayan producido más casos de alianzas entre los concejales de IU y los del Partido Popular, en detrimento del PSOE. No obstante, el número de pactos PSOE-IU ha sido, como siempre, mayor que los alcanzados con cualquier otra combinación de fuerzas. De este modo, los dirigentes socialistas no pueden culpar a IU de su retroceso en el control de los ayuntamientos, que se debe básicamente a sus pésimos resultados electorales y al avance del PP en todas partes, con especial mención a Andalucía y Cataluña. Por otra parte, no es de extrañar que en las negociaciones puntuales de cada localidad influyan los factores personales y las relaciones entre candidatos que conviven todo el año a la hora de decantar los apoyos. El resumen de la situación puede deducirse del hecho de que el PP gobernará en 34 de las 50 capitales de provincia, y el PSOE en 9. La acumulación de poder local en manos del centro-derecha ha sido superior a la que haya tenido nunca. Lo deberá gestionar con sensatez, transparencia y austeridad. La única anomalía realmente peligrosa que gravita sobre la vida municipal abierta desde el pasado sábado se refiere a la presencia de Bildu en las instituciones vascas, que incluye el gobierno de un centenar de ayuntamientos, empezando por San Sebastián. Ese problema sí que hubiera merecido un pacto de higiene democrática mediante el que PSOE, PNV y PP se deberían haber apoyado mutuamente para cerrar el paso a un partido cuya sinceridad en la aceptación del sistema de libertades está por demostrar.

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