LA nueva consejera de Cultura, Rosa Aguilar, se desplazará hoy a Granada para intentar sofocar la primera crisis de trascendencia que estalla en su departamento: la directora de la Alhambra ha tenido que dimitir antes incluso de ser imputada. La demoledora querella que la Fiscalía Provincial de Granada emitió hace una semana acusando a Mar Villafranca, a tres altos cargos del Patronato y a dos empresarios de prevaricación, malversación y blanqueo de capitales desencadenó su renuncia en cuestión de horas. Con el caso de los ERE y el de los cursos de formación todavía abiertos, la Junta de Andalucía no puede soportar nuevas mochilas con sospechas de corrupción y la política de ejemplaridad que ha impuesto el PSOE ha hecho insostenible su continuidad. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha aceptado la renuncia de inmediato, ha evitado pronunciarse sobre su presunción de inocencia y se ha limitado a situar su marcha como un gesto de "sensibilidad" y "honradez" para no dañar la imagen del monumento más visitado de España. Villafranca ha tenido que poner fin a once años de gestión de forma absolutamente inesperada: lo que se inició hace seis meses con una denuncia ante la Agencia Tributaria -la interpuso un antiguo empleado de la empresa concesionaria del servicio de audioguías por doble contabilidad y blanqueo de capitales- se convirtió en munición para el PP durante la campaña de las municipales y ha sido clave para que el Ayuntamiento granadino recupere el discurso del agravio y sitúe en el centro del debate la necesidad de revisar el sistema mismo de gestión de la Alhambra. Pendiente de determinar si finalmente hay responsabilidades penales detrás de la denuncia o si son sólo "administrativas" -"incidencias" en el control del sistema que se adjudicó en 2007 a la empresa GTP, como la propia Villafranca ha defendido estos días ante los medios-, la nueva consejera de Cultura tiene ante sí el desafío de ser capaz de pivotar la apertura de una nueva etapa en la Alhambra con el nombramiento de un director de consenso que lime asperezas con el PP y amortigüe las acusaciones de ninguneo que desde hace dos décadas se lanzan contra la Junta por aprovechar la rentabilidad del monumento -el impacto económico en Andalucía alcanza los 750 millones de euros- a espaldas de la ciudad. El millonario proyecto de reforma de accesos a la Alhambra que ha sido contestado por todos los grupos municipales y numerosos colectivos sociales, las desafortunadas palabras de Villafranca llamando "tontos del culo" a los votantes del PP y el oportuno conflicto institucional surgido por la negativa del Patronato a valorar la petición de destinar 2 euros de las entradas a la reforma del Albaicín han minado una carrera que hasta hace sólo medio año era absolutamente ejemplar.