LA cumbre ministerial del Foro de Diálogo sobre Gibraltar, prevista a partir del próximo día 21 en el Peñón, está seriamente en riesgo. Y lo está porque el gobierno de Gibraltar ha introducido en la negociación un ultimátum respecto a la soberanía de las aguas que rodean la Roca. En la reunión técnica preparatoria de la cumbre, Peter Caruana planteó como cuestión sine qua non para celebrar la cita del Foro que España retirase de la lista de Lugares de Interés Común (LIC) de la Unión Europea -una figura de protección ambiental- el introducido bajo la denominación de Estrecho Oriental, que se creó, como desveló hace unos meses este diario, para englobar otro menor registrado previamente por el Reino Unido bajo la denominación Southerm Waters of Gibraltar. Bajo esta disputa sólo se esconde la soberanía de las aguas. El tratado de Utrecht por el que España cedió Gibraltar en 1713 sólo reconoce como aguas británicas las interiores de su puerto. De facto, España lleva mucho permitiendo a embarcaciones de Gibraltar y de la Royal Navy británica actuar en esas aguas como si fueran propias. Así ha ocurrido en casos graves, entre los que están varios apresamientos o la cesión de Fomento en agosto de 2007 del control del rescate del New Flame, cuyo resultado fue el naufragio y los consiguientes vertidos, cuando Salvamento Marítimo tuvo cinco horas el barco bajo su control. Las autoridades del Peñón ya no se conforman con esa permisividad de facto y quieren un reconocimiento de derecho sobre esas aguas. Hasta el punto de que supeditan cualquier avance en cooperación a que se reconozcan la soberanía británica y las competencias de Gibraltar en determinadas materias, como el medio ambiente. La negativa de España a aceptar este chantaje ha sido rotunda. Exteriores no reconoce más soberanía en las aguas que la española, aunque ahora paga su permisividad anterior. Gibraltar, entretanto, no para de provocar: lo último es pedir a sus barcos de pesca y de recreo, tras un control rutinario de la Guardia Civil, que alerten de la presencia de cualquier autoridad española. España no debe ceder ante esta nueva provocación. Antes al contrario debe plantearse suspender el Foro, que se creó para cooperar dejando la cuestión de la soberanía al margen.