EN una película que no sólo es objeto de culto para cinéfilos, sino de interés para el gran público, José Luis Cuerda, director y guionista, acertó hace ya más de veinte años, con Amanece que no es poco, para situar una comedia surrealista y absurda donde los singulares habitantes de un serrano pueblo manchego afrontan, con ilustradas maneras, las situaciones más disparatadas. Así, para vitorear al alcalde, un lugareño proclama: "Alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario". Y la asociación de ideas, que es caprichosa y no pocas veces oportuna, lleva a acercar tal dialéctica, la de lo contingente y lo necesario, a los asuntos educativos; sobre todo, cuando se suceden, con muchas más frecuencia de la que sería aconsejable, cambios que afectan al sistema.

Ya el pasado mes de marzo, en dos prolijas leyes de muy variado contenido, se anunciaron cambios en educación. Se trata de la Ley de Economía Sostenible y de la Ley Orgánica complementaria de la anterior. Y el último sábado de julio, vencido el curso y con buena parte de sus protagonistas acogidos a las vacaciones, se promulgaron dos reales decretos, uno referido a las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y otro a la Formación Profesional en el sistema educativo, ambos como desarrollo de las leyes citadas.

Repararemos ahora en el primer marco, el real decreto 1146/2011, de 29 de julio, que afecta, de manera particular, a las enseñanzas obligatorias cursadas por el alumnado, generalmente de los doce a los dieciséis años, en los cuatro cursos de la ESO. Para empezar, las enseñanzas del nivel 4º incorporan, como novedad, tres opciones, a partir de distintas materias y entre las que figuran tres nuevas, para otorgar a este curso un carácter más orientador y menos "comprensivo". De hecho, la ordenación anterior facultaba a los centros para establecer posibles opciones, pero ahora se prescribe su oferta.

Por eso son más relevantes los cambios en los denominados Programas de Cualificación Profesional Inicial, previstos para aquellos alumnos que presentan problemas o dificultades para alcanzar el título de Graduado en ESO. Actualmente, se inician con dieciséis años de edad y, excepcionalmente, con quince, a fin de favorecer la inserción social, educativa y laboral. Con el nuevo marco, estos programas también procuran facilitar la continuidad del alumnado en la escolaridad posobligatoria y comienzan a partir de los quince años de edad. El cambio más significativo consiste en que, cursados determinados módulos obligatorios de los programas, el alumnado obtiene un certificado académico que permite el acceso a los ciclos de Grado Medio de Formación Profesional para los que, hasta ahora, se precisaba el título de Graduado en ESO o superar una prueba de acceso. A fin de obtener este último título, los programas también incorporan módulos, pero de carácter voluntario.

Además, otra modificación destacada corresponde a la emisión, por los centros, de un certificado de estudios obligatorios, con carácter oficial y validez en toda España, para aquellos alumnos que concluyan la ESO sin obtener el título. En función del contenido de esos certificados, las administraciones educativas determinarán las partes de las pruebas para la obtención del título de Graduado o para el acceso a los ciclos formativos de Grado Medio que los alumnos tienen superadas.

En definitiva, buena parte de los cambios tiene como clave la necesidad de incrementar las tasas de alumnado que obtiene la titulación básica, la reducción del abandono y la continuidad en enseñanzas posobligatorias. Y por eso hay que volver al sentido de la contingencia y de la necesidad, porque los grandes sistemas, como el educativo, se resienten con la falta de consenso y de estabilidad. Sólo de pasada, cambios parecidos ya se pretendieron con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (2002), que introdujo itinerarios en los cursos 3º y 4º de la ESO con opciones de materias y título común al concluir la etapa; estableció el curso 4º como Curso para la Orientación Académica y Profesional Posobligatoria, e incorporó Programas de Iniciación Profesional, a partir de quince años de edad, con dos de duración, que conducían al título de Graduado. El cambio posterior de Gobierno derogó esa Ley y la perspectiva electoral próxima abre parecidas incertidumbres con respecto a las modificaciones ahora adoptadas, buena parte de las cuales se implantarán en el curso 2012-2013; aunque, más bien como brindis al sol, se permite que las administraciones anticipen su aplicación al curso que acaba de empezar, con un marco normativo publicado a finales de julio, recortes en el gasto público y elecciones generales a la vuelta de pocos meses. De ahí, al cabo, la inoportunidad de cambios más o menos contingentes, sostenidos en la coyuntura, y el apremio de los cambios necesarios, apoyados en el consenso, que procuren estabilidad.