Editorial

Nuevo retraso en las obras del Parasol

LAS evidencias terminan imponiéndose antes o después por mucho que la propaganda oficial intente aparentar lo contrario. A pesar del sinfín de singularidades que han acompañado la gestión del Parasol de la plaza de la Encarnación, un proyecto controvertido tanto desde el punto de vista estético como económico, y cuya terminación ha sido una de las últimas decisiones políticas de calado del actual alcalde, adoptada además con todos los elementos en contra, entre ellos un informe jurídico del Consejo Consultivo de Andalucía, el rosario de incumplimientos municipales en relación a esta obra no cesa. Es más: continúa poniendo seriamente en tela de juicio la credibilidad del Ayuntamiento como institución. El último compromiso de la Alcaldía era que el Parasol estuviera terminado por completo a finales del mes de diciembre. Es cierto que los trabajos experimentaron cierto avance después de que el regidor aprobase la nueva inyección de dinero público en favor de la empresa adjudicataria, aunque las últimas noticias confirman que se producirá otro retraso -aparentemente de un mes- sobre el calendario oficial. Probablemente la reprogramación de la obra implique en realidad algo más de tiempo, ya que al desarrollo de los actuales trabajos hay que sumar el tiempo necesario para acometer las pruebas de carga requeridas para garantizar la estabilidad de la estructura artificial que da nombre al proyecto. Parece evidente que el plazo oficial de las obras no se va a cumplir. Un factor que explica la urgencia con la que el Consistorio quiere inaugurar el nuevo mercado de abastos, cuya nueva fecha de apertura es el día 19 de diciembre. Los comerciantes, quejosos por la deficiente terminación de sus instalaciones, cuyo coste ha sido de 4,5 millones de euros, obligaron a la Alcaldía a modificar el calendario establecido por el gabinete de Monteseirín, que quiso forzar una apertura el 29 de noviembre. Sería deseable que la inauguración de la plaza de abastos se haga con la licencia de ocupación en regla y todas las medidas de seguridad necesarias. Es lo mínimo exigible a un ayuntamiento que ha incumplido, en repetidas ocasiones, sus propios plazos.

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