Editorial

Nuevo varapalo a Ibarretxe

EL Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló las ayudas a familiares de los presos de ETA que concedía el Gobierno vasco presidido por Juan José Ibarretxe. Los magistrados del Supremo concluyen que el Ejecutivo autonómico se extralimitó en sus competencias al sufragar a los allegados de los encarcelados los viajes para visitarlos en cárceles ubicadas fuera de Euskadi. El Gabinete de Ibarretxe había recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional al entender que esas ayudas estaban avaladas por las competencias exclusivas del Estatuto de Guernica. El Supremo no ha atendido este argumento y le ha recordado que sólo podía otorgar ayudas relacionadas con presos encarcelados en prisiones en territorio vasco, con el argumento de que la cuestión de la territorialidad está intrínsecamente unida a las competencias: el lehendakari no tiene ninguna potestad fuera de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Pero ésta no es, a nuestro juicio, sólo una cuestión de competencias. De hecho, el propio Supremo ha valorado la "corrección" del fallo previo de la Audiencia Nacional, que ya aventuró que la orden que otorgaba las ayudas a familiares de presos vascos "traslucía una crítica a la política penitenciaria del Estado" -la de dispersión de presos etarras- "y una clara voluntad de paliar lo que se consideran efectos negativos de la misma". Es ahí donde pensamos que este revés judicial es también y fundamentalmente un nuevo varapalo a la deriva soberanista que tuvo el anterior inquilino de Ajuria Enea. Su política de comprensión e incluso cierta complicidad con el mundo abertzale que apoya la violencia de ETA como instrumento para conseguir un objetivo político. Volvemos a manifestar que la línea que separa defender la independencia, o cualquier otra idea, con palabras y votos de imponerla con tiros, bombas, secuestros y extorsión no puede cruzarse. Ibarretxe hizo una política que no distinguió con nitidez entre lo que son instrumentos democráticos y los que no. Y esta sentencia viene a ratificarlo, aunque llega después de que una mayoría de vascos ya dictara previamente su juicio en las urnas, provocando su desalojo del Gobierno. Como corresponde en democracia.

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