DURANTE las tres últimas décadas se ha ido oficializando y reconociendo la ayuda prestada por los gobiernos de los países occidentales a los menos desarrollados. Poco más tarde comenzaron, de manera generalizada, organizaciones no gubernamentales a desempeñar las mismas tareas, a las que se ha venido a denominar ONG.

Desde el inicio, estas organizaciones han estado envueltas en un halo de virtudes. Se consideraba que tenían unos intereses distintos a los de los gobiernos: no eran partidistas, no discriminaban a los países o colectivos en los que operaban por razones religiosas, dirigían sus esfuerzos hacia los más necesitados, sus objetivos eran meramente filantrópicos, en fin, prestaban ayuda más eficazmente que los organismos estatales.

Sin embargo, desde la década de los noventa, estas organizaciones han caído también bajo la lupa de la investigación económica y social, con el objetivo de conocer rigurosamente si los supuestos sobre sus comportamientos se cumplían en la realidad. Estas investigaciones tienen mayor interés, si cabe, teniendo en cuenta el volumen de recursos que administran. En 2006 ascendían, a nivel internacional, a 15.000 millones de dólares, superior al de todos los países, excepto a EEUU.

Recientes investigaciones llevadas a cabo en el seno de la OCDE y en varias universidades han puesto, sin embargo, en tela de juicio la correspondencia entre supuestos y realidad, por varios motivos. Primero, la correlación entre ayuda prestada y nivel de renta de los países receptores es muy débil, lo que arroja dudas sobre la ayuda a los más pobres. Segundo, no operan especialmente en los países en donde más las necesitarían; verbigracia, en países con gobiernos muy corruptos que malgastan la ayuda oficial de otros gobiernos. Tercero, tienden a operar en los mismos países que los gobiernos de los que provienen, lo que las diferencia escasamente de sus respectivas agencias estatales. Cuarto, las grandes ONG parecen atraer a las más pequeñas a los mismos territorios y objetivos. En fin, existen vínculos especialmente fuertes en el caso de antiguas colonias con sus metrópolis.

Si, al parecer, no operan especialmente en los países más pobres, tampoco en los más corruptos, tienden a imitar las actuaciones de los gobiernos y a favorecer a los países que fueron antiguas colonias, ¿qué papeles vienen a suplir que no puedan llevar a cabo directamente los gobiernos?

En España, nos encontramos muy alejados de los países escandinavos y anglosajones en relación con el estudio y evaluación de las ONG. Es una tarea necesaria para que los gobiernos central y autonómicos dirijan los recursos públicos de una manera eficaz.

Hay, no obstante, alguna excepción. La Fundación Lealtad -fundada por un ex banquero- al menos contribuye a conocer el grado de transparencia con el que operan unas 100 ONG en nuestro país. Es un primer paso, pero necesitamos más. Entre otros, poder valorar su contribución a los Objetivos del Milenio de la ONU y a comparar las que reciben dinero público de aquéllas otras que sólo reciben fondos privados. No deberían temer, al desvelar información, que su imagen pública quedara manchada.