La tribuna

manuel Ruiz Zamora

¿Objeción de qué?

HACE apenas unos días, el Tribunal Constitucional le ha reconocido a un farmacéutico sevillano el derecho a acogerse a la objeción de conciencia para no dispensar la píldora conocida como del día después. Considera el tribunal que la multa que la Junta de Andalucía le había impuesto al boticario rigorista vulnera, agárrense los machos, su "libertad ideológica". Sea como fuere, si lo dice el Tribunal Constitucional, aquí paz y después gloria. Lo que la sentencia, sin embargo, se ha resistido a amparar es la negativa de este admirable farmacéutico, más preocupado al parecer por la salud de su alma que por la del cuerpo de sus clientes, a expender también los útiles, humildes y, en según qué casos, imprescindibles preservativos.

No es éste, ni mucho menos, el único caso de farmacéuticos redentores de almas descarriadas en la ciudad donde habito, ni tampoco, estoy seguro, en otras urbes no menos marianas de nuestra peculiar geografía patria. En la zona donde transcurren mis desvelos cotidianos, existe una farmacia en la que, que según me asegura su propietaria con sonrisa tan impecable como beata, las reservas de condones andan invariablemente agotadas. Ante tan pertinaz sequía, uno tan sólo puede plantearse dos alternativas: o la señora está escamoteando de forma descarada sus obligaciones como boticaria o la actividad sexual de los vecinos de la zona es más frenética que la de la casa de lenocinio más frecuentada.

En esta problemática existe, sin embargo, un pequeño detalle que tiene vital importancia: el sector de las farmacias es uno de los pocos que sigue disfrutando de un bien blindado régimen de monopolio. Antes de entrar en las implicaciones que esta escandalosa situación de privilegio conlleva, y que se compadece mal con la completa liberalización del sector en otros países de nuestro entorno, me gustaría plantear un tema que me parece de carácter, si se quiere, más filosófico: el sentido de la llamada objeción de conciencia en las sociedades democráticas. ¿A qué le llamamos objeción de conciencia? Por lo general, cuando los filósofos hablan de conciencia se refieren, simplificando mucho, a la facultad de percepción intuitiva de cualquier tipo de fenómeno. Por el contrario, cuando hablamos de objeción de conciencia estamos apelando a un uso ideológico del término en el que se da por supuesta, no sólo la existencia de un reducto íntimo de creencias morales o religiosas, sino que dicho reducto debe ser virtualmente intocable. Dicho de otra forma: la objeción de conciencia no es sino la defensa de un conjunto de prejuicios con patente de corso. Aunque la Constitución española tan sólo recoge este derecho para asuntos relacionados con el Ejército, posteriormente se ha sentado jurisprudencia que afecta a algunos casos concretos en las prácticas médicas.

No voy a entrar a valorar la cuestión en lo que se refiere a estas últimas, cuya problemática me parece mucho más compleja, pero por lo que respecta a los farmacéuticos, permítaseme declararlo desde ya, la simple posibilidad de eludir sus obligaciones cívicas me parece particularmente deshonesta. Uno puede llegar a aceptar que un individuo, en virtud de sus legítimos prejuicios, se niegue a administrar un artículo que vulnere sus convicciones más íntimas, pero sólo si está dispuesto a admitir el derecho de cualquier otro a hacerlo justo en el local de al lado. Lo que no es en absoluto de recibo es blindarse, por un lado, toda posibilidad de competencia y eludir luego tu obligación de dispensar determinados productos que se consideran de especial utilidad social, simple y llanamente, porque te lo prohíben tus creencias. Si estas personas tienen tantos problemas de conciencia para vender lo que, en virtud de su condición de servicio público, les obliga la ley, lo que tal vez debieran hacer es abrir algún tipo de negocio alternativo, como, por ejemplo, una frutería, a menos que también las evocaciones rijosas de los pepinos les susciten problemas ideológicos.

Queda un último aspecto de este asunto que entra de lleno en el plano de lo político: cada vez que surge un asunto público con interpelaciones a cargas de tipo de religioso las pretendidas afinidades liberales del partido del Gobierno ceden amablemente el sitio a la parte de su alma más conservadora. No es sólo que la mera persistencia de estos chollos corporativos sea antitética con una concepción liberal de la economía, sino que siempre parecen tener un responsable político de guardia dispuesto a salir al quite de las más rancias moralinas. Así lo ha hecho la responsable de salud del Grupo Popular, llamémosle sor Catalina García, a la que le ha faltado tiempo para declarar que con esta sentencia "los derechos de la mujer no se están mermando". Claro que no, señora mía, lo que se está mermando son los derechos de toda la ciudadanía.

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