ERA inevitable que el escándalo de los ERE le estallara al PSOE en víspera de elecciones: hace más de un año que España vive una permanente vigilia electoral. Lo distintivo es que en estas elecciones los socialistas se juegan más que en -casi- todas las anteriores y que el estallido de ahora afecta e implica a la médula del PSOE contemporáneo. A dos de su docena de dirigentes más relevantes desde finales del siglo pasado hasta hoy.

Con el procesamiento de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y veinticuatro ex altos cargos más, PP y Podemos ya tienen hecha la mitad de su campaña para relegar al PSOE a un papel secundario en la política nacional. A Pedro Sánchez, por su parte, le valdrán de poco sus argumentos de esta hora. Vale la presunción de inocencia, vale que Griñán y Chaves se apartaron hace un año y se dieron de baja días atrás y vale que ni uno ni otro se lucraron de las irregularidades cometidas en torno a los ERE. Pero no es suficiente.

No es suficiente porque lo que se va a juzgar cuando estos líderes se sienten en el banquillo de los acusados no es tanto su responsabilidad penal cuanto su responsabilidad política (en España es así, ni el sistema legal ni la ciudadanía se muestran capaces de exigirla y depurarla directamente). Se juzgarán dos décadas de funcionamiento de la Junta de Andalucía. Dos décadas de ejercicio del poder con mayoría absoluta, o asimilable, oposición política desarticulada e ineficaz y sociedad civil anestesiada o dependiente.

En este contexto era objetivamente indefectible la consolidación de un subsistema autonómico que, sin dejar de ser democrático en su raíz y legitimación, echó características de régimen político. Por ejemplo, el clientelismo. Por ejemplo, el desarme de los contrapoderes institucionales y el relajamiento de los mecanismos de control de los procedimientos administrativos. Por eso la Junta pudo distribuir fondos millonarios durante una década de manera arbitraria, sin garantías ni justificación, y por eso se hicieron oídos sordos a las advertencias de la Intervención.

El juez instructor cree que esta trama la montó Chaves y la mantuvo Griñán expresa y decididamente. Pienso, más bien, que ambos querían comprar la paz social a toda costa y dejaron hacer a sus subordinados mirando hacia otra parte. La verdad es que no podían no saber que se estaban cometiendo irregularidades. Eran los máximos responsables políticos. Ocurrió durante su guardia.