la esquina

José Aguilar

Ojo con cargarse a los sindicatos

LO que explícitamente se reconoce por las dos partes en abierta confrontación sobre la reforma laboral está claro. Para el Gobierno, se trata de una reforma "justa y necesaria" , aunque ingrata y antipática, que hará más flexible el mercado de trabajo y permitirá aumentar la contratación de asalariados cuando cambie el ciclo económico.

Los sindicatos creen, por el contrario, que la reforma es inútil e injusta. Facilita el despido y lo hace más barato, sacrificando derechos adquiridos por los trabajadores actuales en aras de una hipótesis de futuro que puede cumplirse o no. Mientras llega ese futuro halagüeño, o no, el hecho real es que los empresarios disponen de mecanismos más contundentes para reducir sus costes laborales.

Pero hay algo que subyace en esta polémica y que los interlocutores no asumen abiertamente, sino mediante personas o instituciones interpuestas: el conflicto sobre el papel de las centrales sindicales en la sociedad desarrollada y la economía global. Una vieja disputa entre la política económica neoliberal y el sindicalismo de clase. Se planteó virulentamente hace un cuarto de siglo en Gran Bretaña, cuando Margaret Thatcher se enfrentó a los mineros. Acabó con el cierre y la privatización de las minas, el despido masivo de trabajadores y la pérdida de poder de los sindicatos.

La reforma promovida por Fátima Báñez -aunque quien tiene más modos e ideología de Thatcher no es ella, sino Dolores de Cospedal- no sólo desequilibra la relación empresa-trabajador en favor de la primera en base a que es ésta la que puede crear empleo. También restringe el poder de los sindicatos en la configuración de la vida laboral. Desde su entrada en vigor los sindicatos tienen menos participación en las regulaciones de empleo, los convenios de empresa disfrutan de prioridad sobre los provinciales o sectoriales (que servían hasta ahora para mejorar las condiciones de los empleados más dispersos y con menos posibilidades de protesta y organización) y se acaba con la prórroga automática de los convenios cuando no hay acuerdo para su renovación.

Pero hay que tocar estos asuntos con mucho cuidado. El palmario anquilosamiento de los sindicatos en sus objetivos y funcionamiento, la ineludible revisión de la figura de los liberados y su muy desigual tratamiento a los parados y a los desempleados avalan, entre otros motivos, la necesidad de modernización y puesta al día. Lo que no se debe hacer es aprovechar estas carencias, y la negativa a autocorregirse, para privar a los trabajadores de lo que son instrumentos básicos de defensa y, a la vez, son mecanismos contra el desequilibrio y el abuso de posición dominante. Por eso están consagrados en la Constitución (artículo 7). No son una carga, sino una garantía.

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