SI los partidos nacionalistas que gobiernan algunas comunidades estuvieran menos obsesionados por las cuestiones identitarias y más preocupados por el bienestar de sus ciudadanos no producirían situaciones tan aberrantes como la que viven la sanidad pública en el País Vasco o el sector del comercio en Cataluña.

Aberrante es, en efecto, que el conocimiento y la difusión del euskera pase de ser un objetivo absolutamente legítimo y deseable a transformarse en un mecanismo de discriminación y perjuicio para el sistema sanitario, y que la inmersión en favor del catalán termine incordiando a los comerciantes y deteriorando la convivencia lingüística que Cataluña ha ido construyendo en la práctica cotidiana (una vez el catalán dejó de estar postergado).

En las ofertas públicas de empleo de la Consejería de Sanidad vasca, a la hora de baremar los méritos de los aspirantes a ocupar una plaza, se valora más su grado de conocimiento del euskera que su nivel profesional (doctorado, máster, cátedra) y que, por supuesto, el dominio de idiomas como el francés o el inglés, que, como es sabido, no sirven para casi nada a efectos de manejarse por el mundo y por la literatura científica. Estos baremos ¿ayudarán a mejorar la asistencia que reciben los vascos en ambulatorios y hospitales? Se sospecha que no. Lo que ayuda es, entre otras cosas, contratar a los mejores médicos y enfermeros, no a los que hablen y escriban mejor en euskera. Por ese camino los gestores sanitarios de Ibarretxe se asegurarán facultativos y ATS perfectamente euskaldunes, pero no necesariamente profesionales preparados en lo suyo, que es prevenir y curar enfermedades. De hecho hay ya médicos vascos emigrando a otras comunidades para ejercer lo que no pueden ejercer en su tierra por no revelarse suficientemente vascos, tal y como lo entienden estos paladines del intervencionismo.

Pasemos al otro nacionalismo rico. La legislación catalana obliga a los comerciantes a rotular sus establecimientos en catalán y multa a los que se resisten. En vez de asumir la normalidad con que catalanohablantes y castellanohablantes se entienden en la vida diaria, en sus transacciones, contactos y relaciones de todo tipo, viene la Generalitat a imponer y tensionar. ¡Con lo fácil que sería respetar la libre empresa y dejar que los comerciantes pusieran los carteles que quisieran y los clientes reaccionaran como les viniese en gana! Lo que los catalanes que se expresan en una u otra lengua, o en las dos, han arreglado por las buenas, cediendo y comprendiéndose, lo estropean los gobernantes restringiendo la libertad ciudadana por un mero prejuicio ideológico y un sentimiento de opresión que responde más al atavismo que a la realidad. Franco ya falleció.

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