SON dos ejemplos llamativos, pero seguro que hay muchos más en Andalucía. Los ayuntamientos de Chiclana (Cádiz) y Coria del Río (Sevilla) no han aprobado los programas de ajuste exigidos por el Gobierno para poder acceder a los fondos del plan especial que les permitiría pagar sus deudas con los proveedores.

En Chiclana, el equipo de gobierno del PP ha visto frenado su plan de restricción de gastos por el voto conjunto del PSOE y del partido de los propietarios de viviendas ilegales. En Coria, al alcalde socialista, también en minoría, le ha tumbado el suyo el voto coaligado de PP, PA e IU. En Jerez PSOE y Pacheco ni asistieron.

Estarán contentas, las oposiciones de ambas ciudades, de haber derrotado a los alcaldes respectivos, pero en este caso los derrotados han sido los vecinos todos, chiclaneros y corianos, condenados a soportar unos ayuntamientos en situación insostenible, endeudados hasta las cejas, sin capacidad para ir pagando a sus acreedores y abocados a seguir almacenando facturas, con todo lo que eso lleva consigo. Para empezar, con el cierre o la reducción de empleo de las empresas que no cobran por los trabajos ya realizados por encargo de ambos consistorios.

Resumen de la jugada. El Gobierno ha ideado un mecanismo para poner al día a los ayuntamientos de toda España con sus proveedores: créditos avalados por el Estado, a devolver en diez años, a bajo interés y con dos años de carencia. A cambio les impone medidas de recortes y ajustes, incluso de personal, para garantizar que devuelven el préstamo y que la deuda no se reproduce en los actuales términos descabellados. Un sacrificio a cambio de una salida.

Los opositores municipales rechazan estos sacrificios. Con gran demagogia, puesto que piensan que así defienden a los empleados perjudicados, y con gran irresponsabilidad, porque la alternativa no puede ser peor. Consiste en dejar impagadas las deudas y sufrir que el Estado les retenga los ingresos que corresponden a los dos ayuntamientos y/o subirles los impuestos a los vecinos para abonar, al menos, las nóminas. Es decir, no sanear las cuentas locales, que los contratistas sigan cerrando y que los ciudadanos en su conjunto padezcan una mayor presión fiscal. Todo malo, como es fácil imaginar. La oposición está demostrando andar cortita de miras. Cree estar dándole un palo a los alcaldes, y en realidad están disparando contra el interés general de los ciudadanos a los que juraron o prometieron servir.

Es una manifestación de política garbancera, de pocos vuelos, cateta y cortoplacista. Agrava los problemas en vez de ayudar a solucionarlos. Olvida que las deudas hay que pagarlas y que si no las pagan los contribuyentes de ahora las pagarán sus hijos.