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carlos / colón

De Orlando a Magnaville

A través de un perfil de Facebook, Larossi Abballa, el fundamentalista asesino del policía francés Baptiste Salvaing y de su pareja Jessica Schneider, reivindicó instantáneamente sus crímenes difundiendo un vídeo en el que hacía un llamamiento al asesinato de policías, guardias de prisiones, periodistas o rapeadores, afirmaba que respondía al llamamiento del Estado Islámico de convertir Europa en un cementerio y presumía de su crimen: "Gracias a Alá acabo de matar a un policía y a su mujer". Posteriormente el vídeo fue difundido por el Estado Islámico, que también ha reivindicado la matanza de Orlando ocurrida un día antes.

La horrenda duración de la tragedia -asesinó a puñaladas al policía en la puerta de su casa, secuestró después a su mujer y su hijo de tres años ante el que, tras cuatro horas de agonía, degolló a la madre- permitió un corto diálogo entre la Policía y el fundamentalista. Afirmó que era musulmán practicante, que estaba celebrando el Ramadán y que seguía las órdenes del califa del Estado Islámico: matar a los no creyentes en sus casas y junto a sus familias.

Como en tantos otros casos la Policía sabía quién era este tipo, condenado en 2013 por formar parte de una red yihadista. La opinión pública ha acusado al Gobierno de no vigilar a los terroristas potenciales, incluso cuando, como en este caso, han sido condenados; y Marine Le Pen ha aprovechado la ocasión para denunciar que los franceses están indefensos. Valls se ha defendido con un dato que, en vez de tranquilizar, aterra: en Francia hay 9.700 individuos susceptibles de haberse radicalizado, se ha identificado a 2.107 franceses en las redes de combatientes en Siria e Iraq, los servicios secretos tienen abiertos 295 expedientes terroristas que conciernen a 1.216 personas y en los últimos 15 días han sido arrestados por terrorismo 16 individuos. "El terrorismo -concluye- quiere imponer el miedo y la respuesta tiene que venir con la fuerza del Estado de Derecho y la democracia. Por ello no es posible establecer medidas de restricción de la libertad en el caso de los sospechosos".

A la vista de los hechos hay que preguntarse si el Estado tiene los medios necesarios para ejercer esta fuerza y si ni tan siquiera cuando son terroristas ex convictos se pueden tomar medidas excepcionales, exigidas por situaciones igualmente excepcionales, en defensa de la seguridad, la libertad y la democracia.

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