EL consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, compareció el viernes en la Asamblea regional para negar con vehemencia que su departamento haya impulsado, amparado o conocido el espionaje detectado sobre otras personalidades del PP madrileño, incluyendo el propio vicepresidente de la Comunidad y el vicealcalde de la capital (el primero, de la confianza de Esperanza Aguirre, y el segundo, de la de Alberto Ruiz-Gallardón, los dos viejos enemigos de este partido en la poderosa organización madrileña). Comoquiera que la Fiscalía está investigando la veracidad o no de las denuncias periodísticas sobre el caso, habrá que aguardar el fin de las diligencias para determinar si todo es un montaje, como asegura el PP, o si se ha organizado efectivamente una trama ilegítima encaminada a decantar hacia un lado las disputas internas de los populares por el control de Caja Madrid y, en definitiva, de una de las organizaciones más poderosas de este partido. Pero independientemente de su vertiente fiscal y judicial, el escándalo de Madrid se ha convertido en una auténtico torpedo en la línea de flotación del Partido Popular... disparado por él mismo. Las denuncias cruzadas entre los protagonistas del caso, que implican ya a familiares de unos y otros, cargos nacionales del partido y al presidente de una empresa pública, han destapado en toda su crudeza la lucha por el poder en el PP, no sólo dentro de la Comunidad, sino a nivel nacional. Las sospechas de operaciones planeadas para desgastar al rival afectan a los citados Aguirre y Ruiz-Gallardón, pero también al presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, que continúa siendo cuestionado como líder de la oposición . La crisis llega, además, en el momento más inoportuno, cuando el Gobierno de la nación y el PSOE padecen el deterioro producido por una crisis económica y social de una gravedad y profundidad hace tiempo desconocidas, y el propio Partido Popular se enfrenta a corto plazo a dos campañas electorales en territorios decisivos, como Galicia y el País Vasco, y en junio a unos comicios de ámbito nacional (elecciones al Parlamento Europeo). Podrían ser ocasiones propicias para avanzar frente a un socialismo en dificultades, pero las ambiciones y la guerra sucia que aqueja al Partido Popular amenazan con convertirlas en nuevas oportunidades perdidas por un partido que no ha logrado superar aún el trauma de la pérdida del poder en 2004.

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