La tribuna

Francisco J. Ferraro

¿Paños calientes contra la crisis?

EL primer Consejo de Ministros de la nueva legislatura aprobó el pasado viernes un paquete de medidas para reactivar la economía, valoradas en 10.000 millones de euros (aproximadamente el 1% del PIB), que venían siendo largamente anunciadas. Independientemente de la racionalidad económica de las medidas, era inevitable que el Gobierno acometiese iniciativas económicas porque la percepción de crisis por la ciudadanía y la creencia mayoritaria de que los gobiernos pueden influir decisivamente en el desenvolvimiento económico le hubiesen generada un elevado coste político por pasividad.

De las once medidas adoptadas la más significativa es la promesa electoral de devolución de 400 euros del IRPF, lo que significará una inyección de 6.000 millones en las cuentas de las familias, que deberían reactivar la demanda interna. Las restantes medidas también están dirigidas a frenar la desaceleración, destacando entre ellas las que tratan de estimular al decaído sector de la construcción, pero ¿son las más adecuadas para propiciar un crecimiento robusto de la economía española a medio plazo?

Para responder a esta pregunta lo pertinente es partir del diagnóstico de los problemas de la economía española, y en este punto existe un acuerdo generalizado de que el patrón de crecimiento de la economía española de la última década, basado en el protagonismo de la actividad inmobiliaria y del consumo, está agotado. Sin embargo, la filosofía reactivadora incide fundamentalmente en incentivar la construcción y el consumo, por lo que el paquete de medidas no favorece el alumbramiento de un nuevo patrón de crecimiento. ¿No sería más apropiado dejar que en el mercado inmobiliario se produzca el ajuste en precios y cantidades para que la crisis, aunque intensa, sea más corta, y adoptar medidas que faciliten el aumento de la competitividad de nuestro sistema productivo? Frente a esta alternativa se puede argumentar que en el corto plazo se puede intensificar la desaceleración aumentando de forma notable el paro y que la inactividad del Gobierno podría hundir aún más las expectativas económicas con el riesgo de una fuerte recesión. Pero, ¿realmente estas inyecciones de liquidez en manos de los consumidores y empresarios pueden evitar la intensa desaceleración? El ejemplo de las medidas adoptadas por la Administración Bush en Estados Unidos, que inyectó 140.000 millones de dólares vía devolución de impuestos y estímulos fiscales a las empresas, y que no ha impedido que el país se dirija probablemente a la recesión, es una manifestación del limitado impacto de las políticas keynesianas de demanda en una crisis global.

Por otra parte, como alerta el Banco de España, las medidas adoptadas pueden tener consecuencias no deseadas sobre variables macroeconómicas cuya estabilidad ha sido decisiva en el largo periodo de crecimiento desde la mitad de la pasada década: estimula la inflación y pone en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas, ya que la previsión presupuestaria de un superávit del 1,15% del PIB para este año se correspondía con un escenario en el que el PIB crecería el 3,1% y disminuiría el paro. Las nuevas previsiones macroeconómicas, que estiman un crecimiento por debajo del 2%, provocarán un significativo descenso de la recaudación impositiva y un aumento del componente automático del gasto público (aumento de los subsidios de desempleo), por lo que es posible que 2008 termine con déficit público y que se intensifique el próximo año.

En conclusión, es comprensible que el Gobierno haya adoptado un conjunto de medidas de estímulo de la demanda con el ánimo de evitar un aterrizaje brusco de la economía, dando así respuesta a la demanda social de intervención, pero su impacto no será decisivo y, en el mejor de los casos, no está dirigido a combatir el riesgo de que, después de la desaceleración de este año y del próximo, nos instalemos a medio plazo en una larga fase de débil crecimiento como vienen experimentando algunos países europeos. Frente a ello no hay más recetas que las reformas estructurales que permitan recuperar la competitividad de la economía española: mejora del funcionamiento de los mercados (de trabajo, energético y de múltiples servicios), cualificación de los factores (capital humano, tecnológico y físico) y estímulo a la inversión productiva. Esperemos que el paquete de medidas de impacto a corto plazo aprobado el viernes pasado sea "el de Solbes" y que esté pendiente el "paquete de medidas de Sebastián", el otro superministro económico a quien parecen competerle las reformas estructurales que incidan en la competitividad del sistema productivo.

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