Editorial

Parálisis general

DE todas las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno, la reducción de la inversión en infraestructuras es la que mayor repercusión va a tener sobre el empleo. En total son 6.400 millones de euros eliminados entre 2010 y 2011, que no sólo afectarán a la creación de puestos de trabajo, sino a la viabilidad de las constructoras, algunas de las cuales han realizado grandes esfuerzos de internacionalización en la última década. A excepción de las obras en líneas férreas, el país va a padecer, si no sufre ya, una parálisis general. Ayer se produjo un hecho chocante que, quizás, tenga alguna una explicación más allá de la torpeza de comunicación del Gobierno. Por la mañana se anunció que los presidentes de las seis grandes constructoras españolas (ACS, Acciona, Ferrovial, FCC, Sacyr y OHL) se iban a reunir con Rodríguez Zapatero para analizar el recorte presupuestario del Ministerio de Fomento; horas después, se informó de que el encuentro se suspendía por motivos de agenda, aunque se señaló que fueron las empresas quienes solicitaron el aplazamiento. Nada de ello: los presidentes llevaban varias semanas preparando esta reunión en la que iban a solicitar al Gobierno una flexibilización del gasto. Más bien parece que esto es lo que Rodríguez Zapatero ha querido atajar: que se dé la sensación ante los mercados internacionales de que España relajaba su compromiso de acabar el año 2010 con un déficit del 2011. Es posible que la reunión se produzca en otro ámbito de mayor confidencialidad, y sería bueno, porque la preocupación de las grandes constructoras se asienta sobre hechos contundentes. No es menos cierto que el Gobierno debe afrontar sus compromisos con la Unión Europea, pero es posible que una nueva situación pueda dar algún respiro. Algo de esto ya ha anunciado el ministro de Fomento, José Blanco, cuando indultó varias obras por valor de unos 500 millones de euros. Entre éstas figuraban tres proyectos andaluces: el puente de la Bahía de Cádiz, la mejora del acceso por Despeñaperros y la A-7. A esta preocupación de las grandes constructoras se una otra no menor: las dificultades que están pasando con los ayuntamientos a los que prestan servicios, y que les deben 3.425 millones de euros, según la patronal Seopan. Zapatero debe escucharlos, actuar y buscar recursos en otros capítulos, bien de los gastos o incluso de los ingresos.

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