La Noria

Carlos Mármol

Parasol: la subvención que no cesa

Monteseirín altera 'de facto' el plan económico inicial del proyecto para seguir inyectando fondos públicos a la empresa concesionaria durante los próximos años en contra del pliego de condiciones de la concesión

RIESGO y ventura. No es el título de una novela. Ni siquiera el de una canción. Es el concepto jurídico exacto merced al cual iba a construirse el Parasol de la Encarnación. En pocas palabras: un inversor privado -la constructora Sacyr- asumía el coste íntegro del proyecto (oficialmente 51 millones de euros) a cambio de explotar a lo largo de 40 años todas las superficies del complejo comercial, que incluyen el mercado de abastos y los espacios lucrativos de nueva creación ubicados bajo la inmensa cubierta diseñada por el arquitecto berlinés Jürgen Mayer. La realidad, como es de dominio público, es que este plan se ha incumplido en casi todos sus extremos: la obra lleva un retraso de casi tres años, su presupuesto inicial se ha disparado hasta los 120 millones de euros y el alcalde ha terminado desviando la mayoría de los fondos necesarios para equipar la ciudad con el fin de terminar el Parasol antes de salir de la Alcaldía.

los antecedentes

La espiral de gasto, sin embargo, no se detiene. Y la carga sigue recayendo siempre del lado público, ya que el supuesto inversor privado ha financiado casi todos los trabajos realizados con las distintas subvenciones autorizadas por el Consistorio desde 2005. Primero se dijo que no habría que poner dinero. Por eso precisamente se privatizaba un espacio público. Después se alegó que la rentabilidad mínima que necesitaba la concesión -del 8%- exigía dar luz verde a una ayuda municipal a fondo perdido de 25 millones de euros. Los posteriores incrementos presupuestarios han multiplicado esta factura hasta los 90 millones. Estos continuos sobrecostes, además, no han sido avalados jurídicamente por el Consejo Consultivo de Andalucía.

Monteseirín sentenció entonces que seguiría adelante con el Parasol porque la opinión del máximo órgano legal andaluz no era vinculante y lo mejor para la ciudad, a su juicio, era continuar. Lo que no explicó es hasta qué punto esta huida hacia adelante va a erosionar las arcas municipales, cuya salud no es precisamente buena, y cuáles van a ser las consecuencias para los futuros gobiernos locales, con independencia de su signo político.

La gestión del proyecto, que en teoría está encauzada, entra ahora en una nueva fase. Inesperada y asombrosa. Y ni mucho menos es la fase final. Al tiempo. El giro resulta además a todas luces contradictorio en relación al modelo de concesión privada elegido por la coalición PSOE e IU para -decían- no sobrecargar las arcas públicas.

¿En qué consiste? Oficialmente nada ha cambiado. Pero en realidad la Alcaldía está dispuesta a financiar un programa de ayudas públicas en favor de Sacyr que incrementará el gasto global del Parasol sin tocar el sistema de explotación -privado- y, lo que resulta mucho más grave, incumpliendo algunas de las condiciones jurídicas de la propia concesión administrativa suscritas en su día entre el Ayuntamiento y la empresa.

Los incumplimiento nos son cosa nueva. Los criterios originales de adjudicación del Parasol, su coste y su plazo han sido violados por Sacyr con el consentimiento, tácito o expreso, del Consistorio. La diferencia ahora es que los nuevos gastos no son fruto de la mala ejecución de la obra, sino consecuencia de una modificación de facto del plan financiero de la concesión autorizada directamente por Monteseirín sin pasar por la vía administrativa adecuada: abrir un nuevo expediente y someterlo a discusión en los sucesivos órganos de gobierno del Ayuntamiento.

nueva línea de crédito

El alcalde, de hecho, ha decidido asumir de forma directa la gestión del proyecto tras la marcha del anterior edil de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, a la Junta. Probablemente en esta decisión influya el hecho de que ya no va a repetir en las listas. No tiene miedo a quemarse políticamente. No obstante, no ha hecho expresa su decisión de forma pública. Se está limitando a aplicarla, dosificando la información para atenuar su impacto. La idea es abrir a Sacyr una especie de línea de crédito municipal. Barra libre. ¿Para terminar la obra? No. Este frente ya lo resolvió en su momento en el Pleno, aunque teniendo que utilizar su voto de calidad como regidor. Ahora se trata de que el complejo comercial privado funcione sin que Sacyr tenga que cumplir los compromisos económicos a los que, según el contrato de concesión, estaba obligada con el Ayuntamiento. La justificación es que la situación económica ha cambiado, la obra se ha encarecido y, por tanto, los números de entonces no cuadran. Hacen falta más ayudas públicas. Y no puntuales. Duraderas en el tiempo.

Monteseirín, que ha mediado personalmente para que Sacyr lograse un crédito bancario por sus problemas financiación, empezó a dar alguna pista cuando, tras sus vacaciones, dio por inaugurado -aunque todavía está en obras- el mercado del Parasol. Ese día, además del espectacular sobrecoste del zoco -cuyo precio ha sido 4,4 millones de euros; se presupuestó en 400.000- se supo que los comerciantes, ahora inquilinos de Sacyr, iban a tener que pagar el doble por el alquiler de sus puestos. Más de 600 euros al mes. Según el pliego de condiciones esta cifra no debía de haber pasado de los 360 euros. Los comerciantes protestaron y el regidor, al día siguiente, trató de arreglarlo. Prometió que el Ayuntamiento les ayudaría con el alquiler con una partida de 60.000 euros al año. Un dinero que ha venido pagando en la ubicación anterior pero que en la nueva, según el contrato, debe correr por cuenta de Sacyr, quien, sin embargo, sí tenía la opción de repercutirla a los comerciantes.

La segunda señal llegó poco después. Monteseirín, mediante una resolución, decidió que había que compensar a Sacyr por el hecho de que no se le haya entregado el edificio municipal que ocupa en la Encarnación el área de Hacienda. La medida supone el pago a la empresa de 720.000 euros al año (durante casi un lustro) en concepto de compensación por no haber abandonado unas oficinas que -increíble paradoja- son de titularidad municipal. Sacyr, gracias a dicho decreto, no sólo tiene garantizado ingresos fijos durante varios años, sino que se ha ahorrado el coste de rehabilitar el inmueble -su obligación- y tener que buscar, en un mercado inmobiliario a la baja, empresas que quieran arrendar.

Pero lo más llamativo es que, en realidad, no hay motivo real para pagar nada. Ni siquiera esta cifra. El Ayuntamiento alega que la situación es consecuencia del retraso de las obras, imputables en todo caso a Sacyr. Sin embargo, el pliego de condiciones fija el momento de entrega del edificio, que forma parte de la privatización de la Encarnación, una vez se terminen las obras, circunstancia que todavía no se ha producido. No existe un acta de comprobación. Por tanto no hay retraso a efectos económicos. Tampoco la cantidad que va a pagar Monteseirín es la reglamentaria: el pliego, en su artículo 38, dice que si hubiera retraso en la entrega del edificio tras acabar las obras, la indemnización a cobrar por Sacyr sería de 21.132 euros al mes. La subvención que se le va a abonar por decisión personal del regidor es de 60.000 euros al mes. Casi tres veces más.

El tercer indicio llegó hace unos días, cuando trascendió la intención municipal de pagar dinero a Sacyr para que "los sevillanos puedan subir gratis al mirador". La cifra: 180.000 euros. Aparentemente, toda una deferencia. No es así. El pliego de la adjudicación, a la hora de fijar los criterios de asignación de las obras, primaba que el acceso al mirador fuera "público", un elemento clave para conceder el contrato a Sacyr. Ya estaba incluido en el plan financiero. No es extraño que Monteseirín dosifique estos anuncios para que los árboles no dejen ver el auténtico bosque. Modificar el programa financiero no lo hubiera aprobado la Secretaría Municipal. Sacyr lo que le ha pedido es que se le compense con 1,5 millones de euros al año por los desajustes de su plan económico. La concesión dura 40 años. La factura del Parasol, probablemente, también.

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