TODAS las noticias sin excepción tienen segundas lecturas, y de la bondad del lector dependerá que las reciba con optimismo, decepción o escepticismo. Por ejemplo, el déficit que nos acaba de adjudicar la Unión Europea: los pesimistas apuntan que es muy superior al previsto, más de 10 puntos; los optimistas, que debemos dar saltos de alegría porque nos hemos ajustado a lo previsto, menos de 7 puntos como quería Rajoy, ya que los 10 puntos recogen el correspondiente a las ayudas bancarias, que en ningún momento las autoridades europeas las iban a tener en cuenta a la hora del juicio final. Que cada cual se quede con lo que le guste, pero hay un dato significativo: el comisario Olli Rehn ha puesto buena cara al dato español.

Independientemente de la cifra de déficit, que era lo que más preocupaba a Rajoy desde el instante mismo que tomó posesión de la Presidencia y comprobó que el déficit de Zapatero era casi tres puntos más de lo anunciado -lo que se traducía en 30.000 millones de euros que arañar de alguna parte, los ojos están puestos ahora en la segunda tanda de reformas que presentará el Gobierno el próximo viernes. Llevamos semanas hablando del 26 de abril, y ese 26-A está ya ahí mismo, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría tiene la mesa plagada de carpetas y pendrives y los ministros y subsecretarios hace tiempo que han enviado a La Moncloa sus informes sobre los capítulos a los que se va a meter mano. No se van a tocar ni las partidas de sanidad ni las de educación, repite el Gobierno, quedan al margen de las reformas los asuntos sociales, pero nadie las tiene todas consigo. Habrá que leer la letra pequeña, que a pesar de aquel decreto de Montoro que obligaba a que tuviera determinado tamaño y dejara de ser pequeña pocas veces se analiza con la profundidad necesaria.

Aseguran en La Moncloa que no habrá ni un ajuste más, sino iniciativas que fomenten el empleo y den respiro a las pequeñas y medianas empresas. Veremos. Y aseguran que abordarán la reforma de la administración local. Veremos también. Y que habrá beneficios fiscales para pymes y autónomos, que bajarán algunos impuestos, que el plan de emprendedores significa ayudas económicas y menos trabas burocráticas, y que habrá tres mil millones de euros más para pagar a los proveedores que aún no han cobrado, y que además las administraciones públicas pagarán a 30 días… Parece tan idílico que es difícil creerlo.