EL ministro de Fomento, José Blanco, ha sorprendido a la afición. Gratamente. Nadie se esperaba que el sectario número dos del PSOE, sin dejar de ser vicesecretario general socialista, tuviera un sentido tan institucional del poder. Fue designarlo Zapatero para sustituir a la temperamental Magdalena Álvarez, y el gallego se imbuyó de la idea de que tenía que gobernar para todos los españoles, no sólo para los socialistas y afines.

No se recuerda ya, pero, una vez ministro, su primera reunión con un presidente de comunidad autónoma no fue con Chaves ni con Montilla, sino con Esperanza Aguirre, la enemiga más radical del PSOE. Ni que aceleró las obras estatales pendientes en su Galicia natal, pero cuidando de que en el desatasco de las mismas se resaltara el protagonismo de Nuñez Feijóo, el presidente gallego, también del PP. En el reparto de las inversiones ha procurado ser equilibrado y no barrer para las autonomías socialistas. Ahora tendrá que hacer lo mismo con los recortes forzados por el plan de austeridad, que afectan especialmente a su ministerio.

En los últimos días Pepiño Blanco ha venido lidiando con un problema grave, enquistado por la desidia o la cobardía de otros: el de los controladores aéreos, uno de esos pequeños colectivos profesionales que han hecho de su posición estratégica en el ámbito de los transportes una especie de seguro para garantizarse un estatus privilegiado. Tener en sus manos la posibilidad -hecha realidad en más de una ocasión- de paralizar el tráfico aéreo del país les ha llevado a unas condiciones laborales de mandarines: no sólo es que ganen el doble o el triple que sus colegas europeos, es que han logrado ser ellos quienes regulan y organizan su trabajo.

Este año iban a liarla otra vez amenazando con una huelga, declarada o no, en Semana Santa si no se atendían sus exigencias (amenaza que tiene la virtualidad de producir daño con su solo enunciado, porque ¿qué efecto puede tener en miles de turistas que piensan viajar a España en esas fechas el conocimiento de que "puede haber problemas"?). José Blanco ha reaccionado de la manera que los ciudadanos estaban deseando: metiéndolos en vereda con un decreto que reduce sus remuneraciones a base de que la empresa pública en la que trabajan los organice para que haya menos horas extras -que se pagan el triple que las ordinarias- y se permita, en caso de necesidad, la contratación de controladores no españoles.

Esto le causará disgustos. Los controladores se rebelarán. El decreto puede llegar a los tribunales. Pero el ministro de Fomento ha defendido el interés público. Ojalá algunos de sus colegas imiten su talante y dejen de querer contentar a todo el mundo.