CLARO que perdemos puestos de trabajo. Inmediatos. Vitales. Porque cada puesto de trabajo lo es, y cada economía para cada familia. Es evidente que la revocación del acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos deja un saldo negativo para España, cuya flota canaria y andaluza recalaba en las aguas saharauis. La sensibilización ahora es tan extrema, y ha de mimarse tanto el valor de cualquier fuente de riqueza, que en un primer momento pudieran parecer justas las declaraciones de Rosa Aguilar, ministra saliente de Agricultura y Pesca, exigiendo a la UE una reparación, nada menos que de 30 millones, por no haber prorrogado el acuerdo, añadiendo que "respetamos pero no compartimos" la votación. Por otro lado tenemos las declaraciones de Mohamed Sidati, ministro saharaui de Asuntos Europeos, asegurando que "Marruecos buscaba implicar a la UE en una operación de pillaje y bandidaje internacional, pero la decisión leal del Parlamento Europeo ha puesto fin a esta expoliación". Según la Eurocámara, ese pacto causaba la sobreexplotación de algunas especies y era ilegal, según el Derecho Internacional, porque no se puede privar a un pueblo de sus recursos naturales sin que los beneficios de esa explotación -sobreexplotación en este caso- repercuta positivamente en la propia población que detenta su soberanía legítima sobre las aguas.

Tenemos, entonces, tres cuestiones, en orden de importancia: la defensa de una pesca sostenible, que regule el mantenimiento de los fondos marinos, la titularidad saharaui de unas aguas explotadas por Marruecos y el perjuicio a España.

Mientras no se reeduque a la población en los hábitos alimenticios, concienciándonos de que la pesca masiva es un descalabro, y que no hay por qué pescar abruptamente para luego comercializar unas pocas especies, sino que todo ese pescado desechado puede ser consumido, seguiremos en esta espiral del despilfarro orgánico, dilapidando un patrimonio que no es nuestro únicamente, sino que también pertenece a todos los que vengan tras nosotros. La cuestión saharaui es una espiral histórica no sólo de la izquierda: Rosa Aguilar parece haber desdibujado, en su devenir político, esas dos razones interiores, la ecología y la causa saharaui. ¿Es legítimo ese enriquecimiento para España, si es hurtando a una población y destrozando el ecosistema marino?

El perjuicio para España resulta doloroso para los pescadores, sus familias. Parece que perdemos, y ganamos: el porvenir de los pescadores andaluces del futuro. ¿Tendrán algo que pescar? ¿Quedarán bancos de peces? Para rebajar la cifra del paro, ¿de verdad es aceptable éticamente socavar cualquier ecosistema? Porque, legalmente, ya sabemos que no. ¿Y mañana? ¿Se pescará en las dunas del desierto? ¿Estará el mar vacío de sí mismo? Hay causas más vitales que esta crisis, porque sin medio ambiente no habrá vida que pueda recordarla.