la tribuna

Óscar Eimil

Poder para decidir

CAUSA cierta perplejidad entre la ciudadanía la contemplación de la estrategia que utilizan estos días de precampaña los dos partidos políticos mayoritarios para intentar calentar, pro domo sua, la próxima cita electoral del 22 de mayo.

Así, mientras que unos -los que parten como perdedores- intentan esconder a su todavía líder y a su marca electoral, e incluso obviar el balance de su gestión política autonómica y nacional, para controlar con ello los daños que aparentemente se les vienen encima en las próximas elecciones municipales, otros -los que tienen el viento a favor- intentan que la próxima campaña, al menos allí donde no gobiernan, se convierta en una especie de totum revolutum, en el que se mezclen con la política local la corrupción autonómica y el desastre económico nacional.

Ante este planteamiento de inicio, nos corresponde a los ciudadanos asumir en esta ocasión, más que en otras similares, la responsabilidad de centrar el debate, y para ello, seguro que no estará de más tener en cuenta algunas de las consideraciones que a continuación les voy a realizar.

Aunque el principio democrático exige que el debate electoral se circunscriba al ámbito estricto de las elecciones en que se plantea, sería negar la propia naturaleza de las cosas el pensar que es posible desligar totalmente el debate político municipal del autonómico y nacional, máxime cuando, en un sistema electoral de listas cerradas como el que rige en España, son los propios partidos políticos los que realmente designan a las personas que han de ocupar los cargos que vamos a elegir; y todos sabemos que los grandes partidos en nuestro país son estructuras monolíticas, de ámbito nacional y forma piramidal, en las que rige de facto, que no de iure, el principio de jerarquía, que obliga a los que están abajo a desarrollar las políticas que diseñan los que están arriba, quienes, a su vez, y en sentido inverso, nada podrían hacer sin el apoyo, pegado al suelo, que les proporciona su estructura diseminada por todo el territorio nacional.

También deberían tener muy en cuenta los electores, a mi juicio, la excepcionalidad de la situación política que vive España, con un presidente del Gobierno -interino- que a pesar de sufrir la censura del 80% de la ciudadanía, manifestada demoscópicamente en forma de una continua y reiterada desaprobación a su gestión, se empecina en continuar adelante -contra el criterio de una gran mayoría- con una legislatura que lleva tiempo agotada; pensando exclusivamente en la supervivencia de su propio partido, obviando que la democracia es sobre todo un régimen de opinión, y reduciendo de esta manera nuestra forma de gobierno representativo a una simple aritmética de mayorías parlamentarias.

Además, y pensando sobre todo en los más jóvenes, no está de más recordar, en una situación excepcional como la que hoy vivimos, que, en otro tiempo -hace estos días 80 años-, el 12 de abril de 1931, unas elecciones municipales sirvieron para traer a España el primer periodo realmente democrático de nuestra Historia, cuando la victoria de las candidaturas socialistas y republicanas en las principales ciudades del país tuvo como consecuencia inmediata la salida de España de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República.

Por todo ello, aunque conviene tener claro que nuestro voto del próximo mes de mayo sirve en principio para elegir a las personas que van a regir nuestros ayuntamientos, creo que haríamos bien en no descartar que un sentido abrumadoramente mayoritario del mismo a favor de las candidaturas no gubernamentales puede producir otras consecuencias políticas de bastante mayor alcance, como por ejemplo quebrar la hoja de ruta que, tras tirar la toalla, ha diseñado para todos nosotros el presidente del Gobierno, una vez más -reiterando a Cicerón- pro domo sua.

De manera que en esta ocasión, antes de decidir el voto, parece de responsabilidad tener en cuenta no sólo la gestión realizada por los responsables locales en el último cuatrienio, y las propuestas que nos hagan llegar las personas que pretendan gobernar nuestros municipios de ahora en adelante, sino también y principalmente el desastre nacional y autonómico que vivimos, con sus tremendas consecuencias económicas, sociales y políticas. Porque si bien es cierto que la responsabilidad de lo que está sucediendo en España es fundamentalmente de los que nos han gobernado desde Madrid los últimos siete años, también lo es que éstos no serían nada, ni hubieran podido hacer todo el daño que han hecho, sin la cobertura de la estructura política territorial que han tenido detrás apoyándolos; y esta estructura a su servicio, responsable también, aunque indirectamente, de la gestión realizada, tiene en muchos casos nombres y apellidos: los de algunas de las personas que han gobernado nuestros pueblos y provincias durante los últimos años.

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