NO seré yo quien predique una paz ficticia e impuesta en las calles. Por peregrinas que me resulten sus ideas, todo colectivo tiene derecho a expresarlas públicamente, a manifestarse en su defensa. Se trata de un derecho fundamental, intangible si no se quiere degradar el verdadero sentido de la democracia. Pero lo que ya no me parece tan bien es que, al hilo de demandas populares de todo tipo, se esté asentando en nuestro país un filoterrorismo rabioso, cuyo único objetivo es entronizar el odio. Lo vimos el 22-M y lo veremos, sospecho, en ocasiones futuras: hay organizaciones perfectamente coordinadas y pertrechadas que sólo buscan destrozar todo lo destrozable, hostigar y agredir a las fuerzas policiales y cimentar la sinrazón del caos.

Frente a ese fenómeno que paulatinamente se agrava, no cabe perderse en debates absurdos: ni vale clamar por una mayor dureza policial, incluso normativamente reforzada, que seguramente acabará en la pérdida de derechos legítimos, ni tampoco, con el argumento del dolor producido por la crisis, dedicarle una mirada cómplice y distraída a quien mantiene un comportamiento radicalmente antidemocrático.

Es esencial, entiendo, que, superando nostalgias ucrónicas, todos comprendamos que el enemigo común es la violencia irracional y no la policía. De ahí la necesidad de una colaboración estrecha entre los convocantes de cualquier manifestación y sus fuerzas antidisturbios. Hay que aislar esa barbarie marginal y distorsionadora que, parasitando el grito de cualquier mensaje, lo radicaliza, lo enturbia y, en no pocas ocasiones, lo inutiliza.

No es de recibo que se reproduzca en el futuro la imagen de servidores públicos apaleados. Siendo, como es, su dignidad la nuestra, cada cual tiene que asumir sus responsabilidades, acatar el marco común de convivencia y ayudar en la expulsión de elementos extraños que tienden a destruirlo. Autoridades, legisladores, manifestantes, garantes del orden público y jueces no pueden seguir permitiendo la existencia de "espacios vacíos" por los que se cuela el cáncer de unos grupúsculos que viven por y para hacer estallar nuestro sistema de libertades. Porque por fortuna en España ya no hay "grises" ni dictadores que derrocar, y porque nuestra policía es la policía del pueblo, cualquier otra concepción no deja de suponer el eco simplista y estúpido de un pasado negro, sangriento e infame que de ningún modo podemos consentir que se repita.