POCAS veces nos hemos encontrado en los tiempos recientes con una situación económica tan difícil. Dos crisis amenazan la economía internacional; una de crédito y otra de materias primas. Los efectos de la primera provocaron en los años ochenta uno de los peores periodos en cuanto a crecimiento y creación de empleo. En los años setenta la subida de las materias primas dio lugar a una fortísima inflación. Pero nunca se habían dado, como ahora, las dos juntas, de ahí el temor justificado a que la conjunción de ambas pueda hacer imposible la gestión de la economía.

Tras las elecciones habría que depurar las propuestas más o menos improvisadas, de lo que es posible y conveniente dadas las circunstancias en que nos encontramos. Hay cuatro áreas fundamentales que requieren una política de estado. La primera, por su importancia para nosotros, es la vivienda; en los próximos meses van a plantearse cuestiones cruciales como si el estado ha de intervenir a favor del sector y en qué medida debe dejarse al mercado que ajuste el exceso de oferta sobre la demanda, qué parte corresponde a la propia empresa buscando la concentración mediante fusiones y adquisiciones, y qué a la política pública en el ámbito estatal, de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos.

El segundo problema es el de la energía. La política energética requiere invertir, investigar, desarrollar la industria para que los costes energéticos y la disponibilidad de energía no sean un freno al ya difícil crecimiento. Esto exige una fuerte inversión presupuestaria, además de un criterio sobre el papel de las empresas nacionales en la Unión Europea.

Una tercera cuestión es la escasez y el precio de las materias primas y los alimentos, y el riesgo de que se traslade a los índices de precios y generen una inflación incontrolable. Hay que replantearse la política no sólo de distribución y comercialización, sino de producción e importaciones.

El cuarto punto es el financiero; pese a la ventaja de contar con un sector financiero capitalizado, bien gestionado y diversificado, la crisis de crédito va sin duda a agravarse en los próximos meses, y esto afecta a todos los sectores, incluyendo al propio Estado. En los últimos cinco años lo que el Estado español debía pagar por su deuda a diez años era prácticamente igual a lo que se pagaba por la deuda alemana; hoy es casi un 0,30 más, lo que indica el cambio de tendencia de una época donde no se valoraba casi ningún riesgo, a otra en que se exagera. La situación obliga, más que nunca, a mantener la imagen de país fuerte y con finanzas saneadas; y, además, saber venderla en el ámbito internacional.

Por último, habrá que promover cambios importantes en la Unión Europea. Europa necesita instituciones fuertes, que a nosotros nos interesan especialmente, para desarrollar una política económica que compense el poder y la política simplista del Banco Central Europeo. En los cuatro ámbitos que hemos apuntado hay necesidad de mayor coordinación con el exterior; pero internamente está claro que requieren una política de Estado, y tanto de gobierno como de oposición.