JOSÉ Manuel Gómez Benítez, vocal del Consejo General del Poder Judicial adscrito a esa corriente entre electiva e ideológica denominada sector progresista, dimitió el otro día en desacuerdo con los apaños empleados habitualmente en la elección de los principales cargos de la Administración de Justicia. El portazo de Gómez Benítez que tan mal ha sentado a sus colegas, no es un portazo progresista, ni conservador ni medio pensionista. Es un portazo lleno de sinceridad, valentía y sentido común. Pero lo peor no es el prorrateo de cargos entre las asociaciones, sino las consecuencias posteriores: la división del Poder Judicial según sus fidelidades y los consiguientes atascos y encontronazos que lo han vuelto ingobernable. Nada nuevo, desde luego. De las divisiones políticas del Constitucional o del Supremo y de sus derivaciones prácticas llevamos discutiendo años y años, y aún nadie ha encontrado la fórmula para acabar con la politización de órganos que por su propia definición son neutrales.

El sábado pasado un colaborador de nuestro periódico, Manuel Ruiz Zamora, firmaba una tribuna titulada Garzón: juzgar al juez en la que hacía una serie de consideraciones teóricas y planteaba una letanía de preguntas sin respuesta para neutralizar las opiniones de quienes consideramos que Baltasar Garzón está siendo atacado menos por razones legales que por un intrincado manojo de intereses que van desde los políticos a los personales y a los gremiales. Ruiz Zamora citaba un extracto de un artículo mío, pero incomprensiblemente omitía el nombre del autor. "En este mismo periódico he podido leer lo siguiente", dice, como si la cita la hubieran encontrado casualmente como esos monederos que se depositan en las oficina objetos perdidos. Sólo por responsabilidad paternal traigo ahora el caso a la colación.

Supone Zamora que los que defendemos a Garzón de ser acusado de prevaricación por investigar los crímenes franquistas pensamos que los jueces son intocables y tienen raras prerrogativas, y por eso avalamos a Garzón. Se equivoca de pleno. Yo no concedo prerrogativas a los jueces y magistrados, lo cual no significa que frente a actuaciones contaminadas por intereses extrajudiciales debamos callar por no mancillar los preceptos sagrados de la neutralidad de la Administración de Justicia. El procedimiento contra Garzón está viciado por afanes políticos. Suponer que un magistrado ha actuado conscientemente contra la ley porque ha abierto una causa contra el franquismo es un disparate sustentado a mi juicio en una oscura conjunción de intereses ejecutada a conveniencia por ciertos personajes del poder judicial. La dimisión de Gómez Benítez es una prueba.