LA dificultad de comprender el origen técnico de la crisis financiera ha llevado a poner el énfasis en los aspectos políticos e ideológicos del plan de rescate en Estados Unidos. Hemos visto cómo se ha interpretado, con escasa originalidad, que la economía de mercado no funcionaba y que una nueva era de intervención estatal era inevitable; y, por otro lado, precisamente el miedo al control estatal ha llevado primero al rechazo y luego a aceptar con gran recelo, como un mal menor, dicho plan de rescate.

Los 700.000 millones de dólares aprobados para constituir un fondo gestionado que compre activos de entidades financieras no son un gasto, sino una inversión del Gobierno para sanear sus balances, con el triple propósito de darles liquidez para que puedan volver a prestar, mejorar la relación entre su capital y sus activos, y permitirles acudir de nuevo a la financiación externa. Si consideramos estos tres aspectos a la vez, es fácil comprender que resulta indiferente si el Estado compra acciones, mejora el capital, y se hace con el control del banco, o compra activos y mejora el capital. El Estado puede siempre reservarse el derecho de entrar en el capital para resarcirse de pérdidas por haber comprado activos por encima del valor de mercado; los bancos centrales ya han estado prestando dinero a las entidades financieras aceptándolos como garantías, pero son préstamos a devolver a muy corto plazo y no solucionan la crisis de crédito ni arreglan los balances.

Esos activos de las entidades financieras se denominan tóxicos, término que no explica su verdadera naturaleza. Una hipoteca que nace mal, que se da a alguien sin capacidad de pago, pensando sólo en que el valor del inmueble va a subir, y que incluso puede contener información falsa, es un activo tóxico, y todo lo que se sustente en él también lo es. Pero una hipoteca concedida adecuadamente, cuyo deudor se queda en paro porque la crisis económica se extiende a raíz de los propios problemas de las entidades financieras, es un buen activo que puede convertirse en tóxico. Precisamente esto es lo que se pretende con el plan de rescate, evitar que activos buenos (o no demasiado malos) acaben perdiendo su valor, pues ningún sistema financiero, ni el más sólido, puede soportar este deterioro.

La reacción contra el plan es lógica, porque a nadie le gusta actuar forzado por las circunstancias, sintiéndose entre la espada y la pared. Sin embargo, un aspecto positivo del debate ha sido dejar clara la voluntad popular de que el rescate debe hacerse con el menor coste posible, recuperando el Estado la mayor parte de lo invertido, y sin beneficiar a los gestores pródigos y a los accionistas; aunque esto va a depender de la recuperación de la economía. Además, el propósito de estas intervenciones no debe ser otro que permitir de nuevo el funcionamiento del mercado. Como dice sir Howard Davies, "los bancos son especialmente impopulares en dos circunstancias: primero, cuando tienen grandes beneficios, y segundo, cuando tienen pérdidas". Ojalá que lo ocurrido sirva para sentar las bases de un sistema más equilibrado, sin los excesos de las euforias, ni los tremendos costes, después, de los ajustes.