editorial

Prejubilados con dinero público

EL Gobierno ha filtrado a la opinión pública su intención de reformar la Ley General de la Seguridad Social a fin de evitar el escándalo de las jubilaciones anticipadas que se subvencionan con dinero público. Entendámonos: es normal que una empresa en dificultades pacte con sus trabajadores la prejubilación de una parte de la plantilla, a partir de cierta edad, para aligerar costes, y hasta se puede aceptar que la indemnización sea acordada en una cuantía más llevadera para la compañía si los empleados afectados perciben durante los dos primeros años de su nuevo estatus las prestaciones por desempleo que les corresponden. Pero este mecanismo asumible se vuelve inaceptable e insolidario cuando se aplica a grandes compañías cuyos balances arrojan beneficios, reparten dividendos entre sus accionistas y premian con cuantiosos incentivos a los directivos por el éxito en su gestión. Si lo que le ocurre a una gran empresa es que sus beneficios se reducen debido a la coyuntura económica general, no es de recibo que sea el Instituto Nacional de Empleo el que le ayude a financiar la indemnización gracias a la cual podrá prescindir de un colectivo laboral, de edad inferior en muchos casos a los 55 años, caracterizado por su madurez, experiencia y capacitación. No es admisible que se incremente el número de parados en un país que sufre un pavoroso nivel de desempleo y se empobrezca la nación al privarla del trabajo de una década de parte de su fuerza laboral... usando el dinero de todos, que debe estar siempre al servicio del interés general. La iniciativa del Gobierno, aún en ciernes, trataría de condicionar la prestación al desempleo de los prejubilados a criterios tan elementales como el volumen de las ganancias de la empresa en cuestión y el número de trabajadores a los que afecte la jubilación anticipada que se pretende. Hay que exigirle que la lleve a cabo, buscando un consenso que no parece especialmente dificultoso, y no vuelva a pasar lo que pasó con Corbacho de ministro: prometió prohibir las prejubilaciones en empresas boyantes, pero no lo hizo.

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