Alto y claro

josé Antonio / carrizosa

Presión y poder

EL consejero de Economía de la Junta denunciaba, al día siguiente de verse libre de una denuncia que lo ha tenido meses con un pie fuera del Gobierno andaluz, una estrategia para paralizar la acción de la Administración andaluza a través del recurso sistemático a los tribunales. No sé hasta qué punto Antonio Ramírez de Arellano expresaba en esa afirmación su propio desahogo personal tras verse expuesto en la picota y haberse cuestionado su honorabilidad por una denuncia derivada de una actuación administrativa que nunca debería haberse sustanciado en la jurisdicción penal. Sí es evidente que en Andalucía llevamos años sometiendo al poder político a una presión judicial para que, de un una u otra forma, los tribunales den lo que las urnas se empeñan en negar: un vuelco político que desaloje del poder a los que lo llevan ocupando durante años, aguantando el desgaste mejor de lo que le gustaría a sus rivales. Es la misma estrategia que se siguió contra los gobiernos de Felipe González durante la primera mitad de los 90 y que consiguió tras una ofensiva descomunal que José María Aznar pudiera sentarse a partir de 1996 en el Palacio de la Moncloa. Aquí, la presión no está siendo peor aunque, por ahora, los resultados son los que se saben y los socialistas siguen en San Telmo sin que sientan en la nuca el aliento de la oposición. ¿Quiere decir esto que en tiempos del felipismo el director de la Guardia Civil no se fugó con el dinero de los fondos reservados, no hubo episodios repugnantes de guerra sucia o el PSOE no se financió irregularmente durante años? Ni mucho menos. Es tan cierto como que en Andalucía se han utilizado de forma opaca y arbitraria cantidades ingentes de fondos públicos y se ha hecho la vista gorda ante irregularidades que clamaban, y siguen clamando, al cielo. Pero de ahí a intentar hacer una causa general contra la Junta de Andalucía va un trecho que nunca se debería haber recorrido. Su principal consecuencia, por ahora, es que buena parte de la Administración está, como apuntaba el consejero, paralizada por el miedo a que cualquier firma o autorización acabe con la carrera de un cargo público o de un alto funcionario. No llevamos así meses, llevamos así años.

Pero tan grave como lo anterior es que el linchamiento civil se ha convertido en una práctica tan habitual que ya no llama la atención. Cualquier denuncia, por poco fundamentada que esté, se convierte en un escándalo que da lugar a episodios que niegan los fundamentos del Estado de derecho. Este fenómeno no sólo afecta en Andalucía a los socialistas: se puede recordar, por ejemplo, la ignominiosa detención en su domicilio, a primera hora de la mañana y con alarde de despliegue policial, del alcalde de Granada, del Partido Popular, a raíz de una denuncia urbanística. Pero, lógicamente, por tener los socialistas los mayores resortes de poder, han sido los más afectados por esta especie de permanente caza de brujas en la que vivimos. Se han dado condiciones humillantes en la detención y traslado a Sevilla de algunas delegadas de consejerías y situaciones de escarnio, como el que sufrió durante meses la directora general de Minas por el caso Aznalcóllar, que finalmente quedó archivado.

Cuando la Justicia se convierte en un espectáculo deja de ser justicia. Son ya muchas las voces que han denunciado que vivimos en un clima inquisitorial que tiene amedrentada a la sociedad. Un Estado democrático tiene que tener todos los mecanismos legales para perseguir el delito e impedir que la corrupción se instale como parte del sistema político. En algún momento se ha rozado un clima de permisividad en el que parecía que para el poder todo estaba permitido. Pero hemos pasado a considerar culpable a cualquiera que tenga que ver con la política mientras no se demuestre lo contrario. Si malo es lo primero también lo es lo segundo.

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