LAS propuestas sobre el sistema público de pensiones se están limitando casi a las mejoras en las pensiones mínimas y de viudedad, de modo que parece evitarse el fondo del asunto que no es otro que la sostenibilidad financiera a largo plazo; aunque algo de ello, veladamente, contengan los programas electorales.

Es cierto que las circunstancias actuales distan de la angustia financiera que dio lugar al Pacto de Toledo en 1995, que la Ley de Consolidación y Racionalización de 1997 parece haber funcionado bien y que el monto del Fondo de Reserva creado en 2000 aporta seguridad ante un ciclo económico desfavorable. El panorama financiero en esta década ha sido francamente bueno, hasta el extremo de que la Seguridad Social ha sido el origen de más de la mitad del superávit de 23.368 millones de euros registrado por las Administraciones Públicas en 2007, lo que ha permitido realizar una nueva dotación de 4.700 millones al Fondo de Reserva. Éste totaliza ya casi 51.000 millones de euros, que vienen a ser nueve meses de pagos del sistema.

En el origen de estas condiciones financieras, entre otros determinantes, se encuentra un intenso crecimiento de la afiliación, que ha pasado de 15,2 a 19,2 millones entre 2000 y 2007, mientras la cifra de pensionistas ha crecido bastante menos: 700.000 personas, hasta los actuales 8,3 millones de preceptores. Pero esto se debe a una afortunada conjunción de crecimiento de la tasa de actividad y de crecimiento económico capaz de traducir la disposición a trabajar en ocupación y afiliación. Y además, en ese periodo, la inmigración ha aportado uno de cada cuatro nuevos afiliados, siendo actualmente 1,3 millones los afiliados extranjeros no comunitarios.

Lamentablemente, no podemos estar seguros de que esa conjunción se vaya a mantener indefinidamente. Más bien, hemos de actuar con la certeza de que la evolución demográfica hará que la tasa de dependencia vaya creciendo sin que podamos compensar sus efectos con facilidad. El INE estima que la proporción de personas entre 20 y 64 años respecto a las de 65 y más pasará de 3,77 en 2005 a 1,47 en 2050; y que la proporción de personas de 65 y más años crecerá desde el 17 hasta el 33,5 por ciento en 2050. Aunque sólo sea con estas cifras, es fácil inquietarse con el futuro de un sistema de pensiones establecido únicamente sobre un esquema de reparto y creado cuando la esperanza de vida era inferior a la edad de jubilación.

Hace apenas dos años en el oficial Informe de estrategia en relación con el futuro del sistema de pensiones se estimaba que el sistema comenzaría a generar déficit en 2015 y que el Fondo de Reserva sólo alcanzaría a equilibrarlo en 2021. Otros estudios retrasan el inicio del problema, pero en todos los casos se pone de manifiesto la necesidad de reforma. Hace muy pocos días, la Fundación de Estudios Financieros ha publicado el documento Instrumentos financieros para la jubilación, en cuya presentación se aludió a la necesidad de abrir un amplio y profundo debate sobre el futuro del sistema público, además de sugerir el establecimiento de un sistema complementario público o privado.

Para los próximos años, el programa del partido gobernante ofrece la revalorización de las pensiones mínimas y de viudedad, favorecer el "envejecimiento activo" y compatibilizar la percepción de la pensión con el trabajo profesional o por cuenta ajena si los ingresos no superan una cuantía todavía no determinada. No se anuncian reformas del sistema y sí se esperan mejoras en la gestión por varias vías, entre ellas, la nueva Agencia de la Seguridad Social.

El programa del retador discurre por un cauce parecido. También se elevan las pensiones mínimas y de viudedad y se anima a la continuidad laboral de los mayores, permitiéndoles conjugar un salario y el cobro parcial de su pensión. Sin embargo, sí se alude a la necesidad de reforma, no definida aún, que se realizaría de forma consensuada en el marco del Pacto de Toledo.

En definitiva, mejora de las pensiones inferiores y atenuación de los efectos del envejecimiento ampliando la vida laboral. Parece que un partido no quiere ni hablar de un sistema que no sea el de reparto -cualquier otra cosa sería "pinochetista" para el ministro de Hacienda- y el otro no se atreve a enunciar con claridad que el sistema es financieramente insostenible en su configuración actual. Si no hay otras fuentes de ingreso, tocará trabajar más allá de los 65 años y aceptar condiciones de acceso a la prestación más desfavorables que las actuales.

Sin embargo, en uno de los modelos que le queda a la izquierda, Suecia, se ha producido una profunda reforma del sistema de pensiones de la que podríamos aprender. Gestado durante más de 10 años, el sistema combina una jubilación garantizada por el Estado y un esquema ligado a ingresos. La primera se financia con impuestos, ofrece una prestación básica y está indexada a la evolución de los precios. En el segundo caso hay un doble subsistema. Uno de reparto, financiado con contribuciones (16 por ciento de los salarios) e indexado a los salarios medios. El otro subsistema es de capitalización y se financia con contribuciones equivalentes al 2,5 por ciento del salario.

El sistema social sueco funciona no por la voluntad de mantenerlo, sino porque se atreven a reformarlo, introduciendo más mercado en lugar de más Estado; por ejemplo, con el cheque -sí, justo lo que proponía Friedman- en la educación y en la sanidad. ¿Será que nosotros tendremos que chocarnos con una pared para darnos cuenta de que estaba allí?