EL nuevo Gobierno andaluz ha comenzado su andadura reconociendo que las perspectivas económicas son menos favorables de lo que se había admitido hasta ahora. Finalmente, creceremos un 2,4% y se mantiene la confianza en que se conseguirá crear empleo, aunque bastantes menos de los 100.000 previstos inicialmente. Una mala noticia, puesto que se trata del anuncio de que las cosas empeoran, pero no tan mala si apreciamos en lo que valen las ventajas de un diagnóstico acertado sobre la situación que tenemos que enfrentar. Que el análisis de la Junta de Andalucía se sitúe en el contexto de lo que la gente percibe por todas partes es condición indispensable para inspirar la confianza que tan útil puede resultar para el éxito de las políticas. También contribuiría algo de autocrítica y, sobre todo, que dejásemos de echar balones fuera y de culpar a las hipotecas basura norteamericanas de todos nuestros problemas. Es como pretender borrar de la memoria de los andaluces los excesos urbanísticos cosentidos, la inversión especulativa, el desamparo de los jóvenes frente al problema de la vivienda, el endeudamiento hasta las cejas de los hogares, etc. A pesar de todo, hay que reconocer que la iniciativa debe ayudar a conciliar la percepción popular sobre el estado de la economía con la interpretación oficial y, de camino, despejar algunas incógnitas sobre el alcance del paquete de medidas anticrisis.

De momento, se anuncia la anticipación de los programas de inversiones públicas, la inyección de más de 7.000 millones de euros y la concentración de esfuerzos en el sector de la construcción y de la vivienda, y aquí es donde todo comienza a confundirse, porque la impresión que se extrae, confiamos en que equivocada, es que la Junta de Andalucía está dispuesta a utilizar su presupuesto para compensar el declive de la demanda privada. Una de las medidas anunciadas es un nuevo plan de viviendas para antes del verano, quizás olvidando que si algún problema tiene este sector es precisamente su monstruoso tamaño e irracional comportamiento durante los últimos años. Los ocho millones de andaluces que, según el INE, viven en los 2,6 millones de hogares que hay en Andalucía, tienen a su disposición un parque de viviendas estimadas por el ministerio del ramo en 4,2 millones en 2006, es decir, que si a cada hogar se le entregase una sola vivienda, nos sobraría casi un 40% de las existentes. Por si fuera poco, el fotogénico Pacto por la Vivienda tiene previsto añadir al exceso otras 700.000 de protección oficial, es decir, una por cada cuatro hogares actuales. Se trata de la confusa interpretación del derecho constitucional a una vivienda digna que, no se sabe muy bien por qué, termina transformándose en un supuesto derecho a una vivienda en propiedad. Hay que reconocer, en su descargo, que la situación del mercado no ha facilitado la satisfacción de las necesidades de vivienda de un amplio sector de la población, pero intentar solucionar el problema elevando el tamaño de la oferta a prácticamente el doble del número de hogares y con dinero público es, como mínimo, una asignación poco eficiente de los recursos, por no llamarlo despilfarro.