LA situación penal del ex consejero de Empleo Antonio Fernández acaba de cambiar sustancialmente al enmendar la Audiencia Provincial de Sevilla el auto de la juez Mercedes Alaya que ordenó su ingreso en prisión provisional incondicional. La Sala decreta también prisión para quien fuera el último titular de Empleo con Manuel Chaves de presidente de la Junta y el primero de José Antonio Griñán, pero, al contrario que la juez del escandaloso caso de los ERE irregulares, sí permite que eluda su permanencia en la cárcel con una condición: depositar 450.000 euros en metálico. Se trata de una fianza muy alta y que denota que los jueces que han revisado el auto de la magistrada entienden, igual que aquélla, que existen fundados indicios de comisión de delitos continuados de prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y falsedad. Sin embargo, y pese a la alta cuantía, al alcance de muy pocos incluso recaudando entre los próximos al encausado, el hecho de que se fije una fianza supone una rectificación no menor: hablamos de conservar o no la libertad hasta que exista una condena firme y, por tanto, los hechos que la Justicia decrete probados destruyan la presunción de inocencia. Para cambiar el criterio fijado por la instructora del caso, la Sala sevillana argumenta que ni existe riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas, razones en las que se justificó la prisión incondicional, puesto que el encausado tuvo tiempo más que suficiente para incurrir en esas conductas durante los 13 meses que estuvo imputado en la causa sin que fuese citado por su señoría para declarar. Es aquí donde la Sala acierta, porque al no existir una condena ni siquiera en primera instancia, la prisión incondicional para una persona, sea quien sea, que ha esperado todo un año imputado a ser oído en declaración, destruye su presunción de inocencia y deteriora su imagen social. Imponer una fianza, por cuantiosa que ésta sea, da la oportunidad para que, existiendo indicios de delito, pueda mantener su derecho a una libertad limitada hasta que un fallo judicial decrete si efectivamente delinquió o no.