TODOS están ya en modo elecciones, y más los que ya disponen de resortes de poder. El mismo día en que Susana Díaz firmaba la paz con los sindicatos devolviendo a los 260.000 funcionarios y empleados de la Junta de Andalucía (o sea, 260.000 familias algo más contentas) la semana laboral de 35 horas y el resto de de la paga extra arrebatada en 2012, Mariano Rajoy le hacía anunciar a su ministro de Hacienda que a partir de enero habrá una nueva bajada del impuesto sobre la renta. Si vuelve a ganar las elecciones y sigue gobernando el PP, claro está.

Rajoy afronta el 26-J reconfortado y demagogo. El dato de que el paro ha bajado en mayo de los cuatro millones por vez primera en seis años anima y vigoriza a cualquier gobernante, mientras que el auto de procesamiento de Chaves y Griñán le ayuda a que la corrupción política no se llame sólo Púnica, Gürtel o Valencia, sino que también enfoque a los ERE (eso de que no va a decir nada en la campaña sobre el escándalo de la Junta de Andalucía no se lo cree ni él). Pero también incurre en la demagogia y se acerca incluso al denostado populismo.

No de otro modo puede enjuiciarse el regalito fiscal que acaba de prometer Cristóbal Montoro. De acuerdo en la teoría: gracias a la rebaja anterior del IRPF la economía española ha podido crecer más de lo previsto (y más que casi todos los países europeos) al dejar en el bolsillo de los españoles más dinero para consumir e invertir. Pero a un precio: el déficit público, que nos comprometimos con la UE a dejar en el 4,2% del PIB, llegó al 5,2%. Bruselas le ha abierto a España un procedimiento de sanción por este motivo, aparcado precisamente para no interferir en las elecciones. ¿Va el Gobierno del PP a asumir la multa que corresponda y, a la vez, andar el camino hacia un incumplimiento más grave?

No le den más vueltas. Para que una bajada de impuestos estuviera justificada tendría que ir acompañada de una reforma del sistema de pensiones -siempre cobardemente aplazada por todos los partidos-, que es lo que causa el mayor agujero en las cuentas públicas, y una reducción del gasto, tanto en las comunidades autónomas como en el Estado. No se hace: la legislatura 2012-16 acaba con más empleados públicos que empezó. El cierre de empresas y entes públicos no ha servido para nada en este sentido.

Pero, claro, estamos en campaña, y ningún incentivo al voto parece más fuerte que decirle a la gente que bajan sus impuestos.