POCAS cosas hay tan aburridas de explicar como la fiscalidad y, sin embargo, está en el centro de nuestra vida cotidiana. Los problemas actuales de la economía se manifiestan en forma de paro y dificultades presupuestarias, aunque éstas no sean ni el origen ni la causa de nuestra penuria actual. A finales de la semana pasada se publicaba un Proyecto de Ley de medidas tributarias que se añade a los decretos de diciembre pasado, marzo y julio de este año, en el afán de conseguir recursos para equilibrar las cuentas públicas.

Como era previsible, el déficit, pese a los recortes, sigue alrededor del 7% del producto de la economía, por la fuerte caída de los ingresos derivada del paro y la falta de actividad. En el Proyecto, que seguramente se aprobará tal como aparece, se elimina en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la deducción por vivienda, manteniéndose para las compras, rehabilitaciones y ampliaciones anteriores a 31 de diciembre. Se gravan los premios de las loterías y sorteos, con una retención del 20% de los que superen 2.500 euros, y se establece una curiosa compensación entre pérdidas y ganancias por juego. También se penaliza la transmisión de elementos patrimoniales que hayan estado menos de un año en el patrimonio del contribuyente; esto, que se justifica como una medida antiespeculativa y pensando quizás en la vivienda en otras épocas, pierde de vista el papel que la facilidad en las transacciones tiene para dar liquidez a los activos en los mercados.

Se mantiene la desgravación sobre inversiones y gastos de las empresas para que sus empleados se habitúen a utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación e información, y se prorroga el gravamen deducido a las empresas pequeñas que mantengan o creen empleo. Asimismo se permite la actualización de los balances, pero se limita para las grandes empresas. Algunas de estas medidas vienen del gobierno anterior, como el Impuesto sobre el Patrimonio, cuya vigencia se prorroga; son medidas que se presentan como temporales, pero que estamos viendo que tienen tendencia a consolidarse. Se da cierta autonomía a los municipios en el tratamiento del Impuesto de Bienes Inmuebles para aquellas actividades que tengan un componente económico y también social, artístico, cultural, o de fomento del empleo. Y, algo preocupante, se facilita la actualización de los valores catastrales utilizando las leyes de presupuestos generales del Estado.

El Proyecto de Ley se quiere justificar por "la consolidación de las finanzas públicas y el impulso de la actividad económica", pero mientras la voluntad y la urgencia recaudatoria están presentes en cada página, en cada artículo de la Ley, no hay unas buenas matemáticas que expliquen cómo con esto se va a impulsar la economía y crear empleo. En las últimas semanas nos hemos movido en la discusión pública de forma especialmente intensa con desideratas, sentimientos y juicios de valor. Esto puede considerarse en parte inevitable, pero es preocupante que al agravarse la crisis se abandone un razonamiento sólido que lleve, paso a paso, desde la situación actual hasta ese futuro, hoy invisible, de actividad y empleo.