CUANDO en la primera semana del mes de abril el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, anunciaba que España había incumplido el objetivo de déficit público de 2015 en casi 10.000 millones hasta alcanzar el 5,1% del PIB, se encendieron las alarmas en Bruselas. El incumplimiento no tenía excusa ni razón que lo soportara. España no había sido capaz de cumplir con sus compromisos de estabilidad fiscal con un crecimiento del PIB del 3,2%, dos veces superior a la media europea. Y lo más grave, tanto la Comisión Económica Europea como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIref) habían advertido, en repetidas ocasiones, que de no adoptar nuevas medidas de ajuste, el incumplimiento estaba garantizado. Pero el Gobierno español hizo caso omiso. La credibilidad fiscal de España, tras cuatro incumplimientos sucesivos, estaba en entredicho. España era el segundo país con mayor déficit público de la Eurozona, tan sólo superado por Grecia, y el sexto país con mayor deuda pública. La confianza ganada ante los mercados financieros y Bruselas, con grandes sacrificios de los ciudadanos, estaba en peligro. Dos semanas después, Eurostat confirmaba la desviación del déficit público español hasta el 5,1% del PIB.

Según el Gobierno español el incumplimiento del objetivo era debido al comportamiento irresponsable de las comunidades autónomas, que se habían desviado de su objetivo de déficit (0, 7% del PIB) en más del doble (1,66%), 9.000 millones de euros. El resto era debido al déficit de la Seguridad Social. La reacción del ministro Cristóbal Montoro fue enérgica e inmediata, envió una carta a las comunidades autónomas exigiéndoles que en el plazo de quince días adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del objetivo del déficit público para el año 2016 del 0,3% del PIB. Un ajuste de casi 14.000 millones de euros en tan sólo un año. En la carta les ordenaba que cumplieran con la regla de gasto que contemplaba la Ley de Estabilidad Presupuestaria y les exigía la no disponibilidad para nuevos gastos de los créditos que iban a recibir del Gobierno a lo largo de 2016. En una palabra, Cristóbal Montoro se limitaba a exigir que las comunidades autónomas cumplieran con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tras cuatro años en las que el Gobierno no solamente había sido negligente en la exigencia del cumplimiento de la ley, sino que además había facilitado este incumplimiento mediante el suministro generoso de liquidez a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Todo ello a pesar de las continuas advertencias al Gobierno, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por no utilizar los instrumentos de disciplina fiscal que la ley de Estabilidad Presupuestaria le otorgaba.

Ante las exigencias de Cristóbal Montoro se produjo una rebelión de todas las comunidades autónomas, incluidas las del PP, capitaneadas por Cataluña y Andalucía. Los argumentos eran: los presupuestos de 2016 estaban aprobados y comprometidos, el cumplimiento de las exigencias implicaba importantes recortes en las partidas sociales de sanidad y educación. Su cumplimiento era financieramente imposible y socialmente inaceptable. El conflicto institucional estaba servido. Las autonomías contraatacaban afirmando que el ajuste del déficit recaía en ellas con mayor intensidad que en el Gobierno central, que era necesario solicitar de Bruselas una ampliación del calendario, y que, además, había que reformar el sistema de financiación autonómica; un sistema injusto e insuficiente para garantizar las necesidades de financiación autonómicas. Algunas comunidades, como Cataluña y Andalucía, afirmaban que estaban por debajo de la media de financiación.

Sin embargo, la realidad era que la financiación autonómica había aumentado desde 82.000 millones de euros en 2014, hasta 92.795 en 2016, el 10,29% en tan sólo dos años, y que Cataluña y Andalucía habían sido las más favorecidas. Andalucía recibirá una financiación de 17.121 millones de euros en 2016, 1.712 millones más que en 2015, lo cual supone un incremento del 11,11% con respecto a la recibida en 2015.

A los pocos días de la rebelión de las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el Gobierno Español se rendía y anunciaba que el objetivo de déficit público de las autonomías sería el mismo de 2015, el 0,7% del PIB en lugar del 0,3% anunciado, 4.000 millones menos de ajuste. También prometía un incremento de la financiación regional de 7.000 millones. Las comunidades autónomas habían ganado la batalla. Sólo faltaba esperar la reacción de Bruselas, que sin duda sería de estupor y desengaño.

A la semana siguiente de la celebración del Consejo de Política Fiscal el ministro Luis de Guindos presentó en el Congreso de Diputados el Plan de Estabilidad 2016-2017. En él se recogía la rebaja del objetivo del déficit público. El Programa de Estabilidad es, junto con el Procedimiento de Déficit Excesivo, uno dos pilares del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. En él se establece el objetivo de consolidación presupuestaria a medio plazo y la senda de ajuste , el cuadro macroeconómico de previsiones de crecimiento y el detalle de las medidas fiscales. Una vez presentado en el Congreso el programa se envía Bruselas para que la Comisión Económica examine si la senda de consolidación fiscal propuesta es coherente, si las previsiones económicas son realistas, y si las medidas fiscales acordadas son suficientes. El Plan de Estabilidad 2016-2017 reduce las previsiones de crecimiento en 2016 al 2,7% y en 2017 al 2,4 ,y la tasa de paro se reduce al 19,9% en 2016 y al 17,9% en 2017, como consecuencia de la previsible desaceleración económica mundial. El déficit público para 2016 se eleva hasta el 3,6%, ocho décimas por encima del anterior, y para el 2017 al 2,9%.

Atendiendo a las peticiones de las comunidades autónomas, en el reparto del ajuste el Gobierno central asume la mayor parte, para compensar la disminución del objetivo de déficit de las autonomías desde el 0,3% del PIB hasta el 0,7%. Lo cual supone un retraso de un año con respecto a los objetivos previamente pactados con Bruselas. El Plan de Estabilidad está bajo la hipótesis de un año sin reformas económicas y sin nuevos ajustes fiscales. La reducción del déficit se deja al albur del ciclo económico. Por esta razón el cumplimiento del plan tiene un elevado grado de incertidumbre, dados los riesgos de desaceleración de la economía mundial, de un año con un Gobierno en funciones sin capacidad de maniobra y de unas nuevas elecciones de resultado incierto. El Plan de Estabilidad se ha llevado al Congreso sin la evaluación previa de la Autoridad Fiscal Independiente, como es preceptivo por ley. Nos enfrentamos nuevamente a un fallo de control y de calidad institucional.

Mientras tanto, estaremos bajo la incertidumbre de que Bruselas autorice la prórroga de un año y de que no nos sancione con una multa de 2000 millones de euros por incumplimiento del objetivo del déficit de 2015. Situación complicada para Bruselas, por tener como interlocutor a un Gobierno que está en funciones sin capacidad de compromiso, al cual no se le pueden pedir a cambio nuevas reformas, y ante la incertidumbre de que el próximo Gobierno no acepte lo pactado. Es decepcionante que podamos perder la confianza de nuestros socios y de los mercados financieros, que tanto nos ha costado ganar, y que se pueda frustrar la senda de crecimiento y creación de empleo que habíamos iniciado en 2015, ante la situación de ingobernabilidad y la falta de capacidad de consenso de los partidos. Es el precio de la irresponsabilidad de nuestra clase política.