La esquina

Reclamen al señor alcalde

UNA de cal y una de arena. La Junta le ha dado calabazas a los ayuntamientos en su pretensión de que parte del dinero que la comunidad autónoma va a recibir del Gobierno para saldar la deuda histórica se destine a aliviar las menguadas arcas municipales y, al mismo tiempo, ha respaldado su reivindicación de que se les permita endeudarse con el mismo objetivo: paliar su asfixia.

Al endeudamiento se opone el Gobierno de la nación y, en consecuencia, también el grupo parlamentario socialista en el Congreso. Con argumento refutable: ¿por qué el propio Ejecutivo central y las comunidades autónomas pueden utilizar el déficit público para afrontar estos tiempos sombríos y a los ayuntamientos, en cambio, se les obliga a ser más rigurosos? En cuanto a la deuda histórica, Chaves se ha acogido al mandato estatutario que obliga a dedicarla a educación, sanidad y vivienda y ha ofrecido a los alcaldes negociar su eventual participación en el reparto, a condición de que la utilicen para dichos fines.

Es una postura razonable y dialogante. Lo contrario de la que mantuvo el día antes la Junta al presentar su anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, unos de esos brillantes anuncios preelectorales con los que el PSOE andaluz sorprende a los ciudadanos -mejor dicho, sorprendía, porque ya no sorprende a nadie- meses antes de que acudan a votar. Tal como se vendió la buena nueva, parecía que todos los andaluces que ingresaran menos de tres mil euros mensuales iban a tener una vivienda a buen precio. Por ley y con posibilidad de acudir a los tribunales si no se cumplía la promesa.

El anuncio dio la vuelta a España. De nuevo Andalucía se convertía en pionera en las políticas sociales, pero también se extendió la sospecha de que el proyecto iba a correr la misma suerte -mala- de compromisos preelectorales tan vistosos como las habitaciones individuales en los hospitales o las vacaciones gratuitas para las amas de casa. Con la vivienda ha sido distinto. Hay un anteproyecto de ley que garantiza una vivienda protegida para cada familia andaluza que cumpla ciertos requisitos (el acceso a una vivienda, no la propiedad, seamos exactos) y garantiza que la responsabilidad de hacerla realidad corresponde... a los ayuntamientos. Si alguien se lo toma en serio y no ve realizado su flamante derecho, ya sabe que tiene que demandar a su ayuntamiento por la vía contencioso-administrativa.

Veremos cómo se desarrolla esta ley, cuando se apruebe, pero es legítimo pensar que la Junta va a sacar pecho a costa de los ayuntamientos. Ya saben: cada andaluz tiene derecho a una vivienda digna. Si a usted no se la dan, reclame al señor alcalde, que lo tiene más cerca.

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