LA flamante, y rampante, presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, formalizó ayer el ineludible tijeretazo en los próximos presupuestos de su comunidad autónoma. (Por cierto: los dos cargos son materialmente incompatibles y deberían serlo también jurídicamente, pero esa es otra historia...).

Se acabó lo que se daba y se consumieron en su propia insustancialidad los fuegos de artificio sobre la herencia recibida del gobierno socialista de Barreda. La herencia recibida es la que es -ciertamente deficitaria en las cuentas públicas- y a Cospedal no podía durarle más tiempo la cantinela de mirar al pasado. Desde que los castellanomanchegos decidieron votarle, ella tenía que saber que lo habían hecho para que gobernara sobre una situación real de grave crisis, no sobre un escenario idílico de perros atados con longaniza.

De modo que pocos meses después de los tiempos de champán y congratulaciones tenían que llegar, y han llegado, los de ajuste y restricciones. Es fácil de entender. En junio el déficit de Castilla-La Mancha representaba el 4,9% del PIB regional. Puesto que a finales de año, por mandato estatal, ha de quedar reducido al 1,3% y Cospedal insiste en que no piensa subir los impuestos, la única salida posible era la disminución de gastos. O sea, los recortes, concretados en una caída de los presupuestos para 2012 de nada menos que un veinte por ciento con respecto a 2011.

Es una merma considerable, pero acorde con la condición endeudada -y también morosa: que pregunten a los boticarios de la región- de Castilla la Nueva. Figura entre las comunidades españolas que deben hasta de callarse, como Cataluña, Valencia y Baleares. El grueso del ahorro está referido a los gastos corrientes de la Administración autonómica: coches oficiales, asesores, delegados provinciales, organismos públicos, publicaciones, liberados sindicales... Pero también afecta al horario de trabajo del profesorado, a los interinos del sector y a las obras de infraestructura, de las que no habrá ninguna nueva. Está por ver si, como sostiene desde hace tiempo el PP, esta austeridad en el funcionamiento de la comunidad es suficiente para alcanzar el déficit perseguido o, por el contrario, se impondrán a medio plazo medidas que deterioren las prestaciones sociales básicas, es decir, las sanitarias y educativas, como se ha hecho ya en Cataluña. En fin, es pronto para valorar el tamaño y el afilado de las tijeras de la señora Cospedal.

Lo que sí es seguro es que la más impopular de los dirigentes del Partido Popular -en dura lucha con González Pons- ha comprendido ya el refrán castellano sobre la prédica y la donación de trigo.