la tribuna

Jesús Cruz Villalón

Reducir la economía sumergida

EL Gobierno ha anunciado la adopción de una serie de medidas dirigidas a reducir el volumen de la economía sumergida, en el marco de los compromisos asumidos ante las instituciones europeas dentro del llamado Pacto del Euro. Más allá del contexto en el que se plantea este asunto, existen indicios suficientes y unánimemente aceptados de que la economía oculta constituye una realidad de amplia extensión y de notable impacto, sin que sea necesario entrar en discusiones acerca de cuál es su porcentaje exacto, ni si es mayor o menor a la existente en el resto de Europa.

Lo importante es que se trata de un fenómeno permanente, que va más allá de coyunturas concretas, por lo que no puede enfrentarse presumiendo que en estos momentos de crisis se ha disparado la economía sumergida, ni tampoco que ésta se presenta como una alternativa atractiva frente a momentos de dificultad de cuadrar las cuentas de los negocios.

No conviene confundir las cosas y pensar que estas políticas de afloramiento de la economía sumergida constituyen la piedra filosofal a las grandes dificultades económicas. Lo que no puede esperarse es que con este tipo de actuaciones se vaya a producir un incremento del empleo, pues tales medidas por sus propias características se dirigen hacia un empleo que ya existe; por ello mismo, tampoco se lograrán maquillar las cifras de desempleo, pues nuestras estadísticas, particularmente la encuesta de población activa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, son lo suficientemente afinadas como para reflejar también dentro de la población ocupada total los datos correspondientes al empleo sumergido. Ni siquiera estas medidas pueden considerarse que puedan convertirse en la pieza clave para la solvencia económica de nuestras finanzas, que aporte la seguridad necesaria a los mercados y garantice la estabilidad buscada con el llamado Pacto del Euro.

A pesar de todo, el objetivo merece la pena. Por encima de todo, un elevado peso de la economía sumergida constituye el exponente de un funcionamiento anormal y patológico del sistema económico e institucional. Si queremos salir reforzados de esta crisis y con un patrón de crecimiento fuertemente competitivo y productivo, lo menos aconsejable es que lo hagamos con altas tasas de economía sumergida, con empresas débiles que sobreviven a base de pequeñas o grandes trampas. La economía sumergida provoca comportamientos de competencia desleal, pues las empresas que escapan a los controles públicos dejan de soportar los costes que supone la tributación pública y, con ello, hacen soportar sobre el resto de las empresas y ciudadanos el sostenimiento de los servicios públicos del que al final nos beneficiamos todos, incluidos quienes se sitúen en el ámbito de la economía oculta. Por ello, manifiesta una fuerte insolidaridad, que conviene atajar.

Por el contrario, el afloramiento de la economía sumergida aporta enormes beneficios que han valorarse. Si se trata de facilitar que quienes trabajan efectivamente coticen a la Seguridad Social, proporciona unos resultados más equilibrados en sus cuentas, al mismo tiempo que permite que los trabajadores tengan carreras profesionales más regulares y con ello puedan alcanzar los cada vez más elevados períodos mínimos de cotización para tener derecho a percibir de manera íntegra las pensiones contributivas.

Al propio tiempo introduce mayores elementos de ética social, en la medida que en se atajan las conductas rechazables de recibir prestaciones económicas, particularmente por desempleo, al mismo tiempo que se está trabajando. A la postre, el afloramiento de la economía sumergida provoca que un mayor número de trabajadores participe en la financiación pública, vía el incremento del impuesto de la renta, con lo cual se pueden reducir los conocidos desequilibrios de las cuentas públicas.

Si se quiere conseguir ese resultado, indiscutiblemente positivo, se tiene que lograr con el suficiente tiento, de modo que lo hagamos con la garantía de que no se van a producir efectos contraproducentes, que cualquiera puede imaginar, de destrucción de empleo, por débil que éste sea.

En todo caso, en esta materia, no es necesario descubrir el mediterráneo, pues sólo cabe pensar en una combinación de medidas, que jueguen con la dosis adecuada tanto con la técnica de la zanahoria como del palo: el incentivo, por la vía de exenciones temporales y parciales de la obligación cotización a la Seguridad Social; el castigo, por la advertencia de que se emplearán los correspondientes mecanismos inspectores y sancionadores para quienes de manera pertinaz sigan con prácticas defraudatorias a la Seguridad Social y al erario público.

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