Son sobradamente conocidas, las condiciones que el tratado de Maastrich impuso a las finanzas públicas de los países europeos. Un déficit del 3% y una deuda pública en relación con el PIB, del 60%. Las cifras reales podían desviarse transitoriamente de esos límites, siempre que se asegurase que volverían a los límites fijados en el corto plazo.

Esos límites se fijaron a principios de la década de los noventa, cuando el crecimiento a largo plazo de los países se situaba en torno al 3% y cuando todavía no se había creado la moneda común y los países tenían, por tanto, la posibilidad de llevar a cabo una devaluación en caso de crisis prolongada. Los límites concretos del 3% y del 60%, fueron establecidos por la presión de Alemania sobre el resto de los socios.

En realidad, ni la propia Alemania cumplía con ambos objetivos en esos momentos. Pero fue la visión germánica de una política fiscal permanentemente restrictiva y procíclica la que triunfó, sin que existieran entonces, ni ahora, razones teóricas coherentes para que se fijaran esas cifras y no otras, como han demostrado numerosas investigaciones de economistas poco sospechosos de heterodoxos.

Pero esto es lo que tenemos hoy y los países de la Eurozona deberían hacerle frente con unas herramientas y unos plazos distintos de los que manejamos en la actualidad. Por un lado, porque la situación de Grecia y de otros países no es sostenible. La persistencia de políticas tan restrictivas, está agotando a ciudadanos y a gobiernos. Y por otro lado, porque el entorno macroeconómico en el que se fijaron los criterios han desaparecido. Entonces, se crecía al 3%. Las estimaciones de crecimiento a largo para los países de la UE en la actualidad, van del 1% al 1,5%, esto es, la mitad o inferior respecto de cuando se estableció inicialmente. Para nuestro país, la última estimación del Banco de España, apunta que nuestro crecimiento a largo plazo será del 1%.

Varias investigaciones llevadas a cabo recientemente, señalan que un nuevo fondo de estabilidad, que comprase deuda pública de los distintos países, podría lograr reducir sustancialmente el endeudamiento de cada uno de las economías aisladamente. Si cada país comprometiera un 0,5% del PIB anualmente durante 50 años y se añadiera el señoriage (beneficios obtenidos por la emisión del euro) del BCE. Los países tendrían que comprometer una parte de sus impuestos para financiar ese fondo.

La deuda española, según estos cálculos, se reduciría hasta el 69%. Todos los países, exceptuando Grecia e Italia, tendrían una deuda que sería inferior al 100% del PIB.

La creación de ese fondo, no estaría, por supuesto, exenta de problemas derivados de una posible mutualización o de riesgos de garantizar la estabilidad de los países a cualquier coste. Pero es posible diseñarla e implementarla, si existe voluntad política. Esto no resolvería todos nuestros problemas, naturalmente. Un crecimiento a largo plazo del 1%, con una población muy envejecida, que está ejerciendo una presión insostenible sobre las pensiones y la sanidad, presenta retos formidables para la política económica. Pero, al menos, aliviaría una de las restricciones mayores que los países europeos están afrontando en la actualidad.