la tribuna

Manuel Clavero Arévalo

¿Reforma de la Constitución?

EL pasado 6 de diciembre hemos conmemorado el 34 aniversario de la Constitución de 1978 y con motivo de ello han surgido comentarios sobre la conveniencia de su reforma y de las dificultades para realizarla. La Constitución de 1978 tuvo el gran mérito de aprobarse por consenso de las fuerzas políticas en un momento histórico para España.

Ciertamente que en estos 34 años se han producido acontecimientos que afectan a la Constitución como, entre otros, el establecimiento de diecisiete vomunidades autónomas y de Ceuta y Melilla como ciudades autónomas, el que el Senado no sea la Cámara representativa de las comunidades autónomas, el ingreso de España en la Unión Europea que tanto afecta a la vida política, económica y jurídica del Estado y de las comunidades autónomas, y la situación de grave crisis económica que nos lleva azotando durante años. Ciertamente que las constituciones permanecen en el tiempo gracias a las reformas que en ellas se producen, como es el caso de la de los Estados Unidos de 1787 y de otras más modernas que siguen vigentes gracias a las reformas que se han producido en ellas. El no reformar las constituciones hace que se petrifiquen y que aspectos fundamentales de la política discurran al margen de su normativa.

La regulación que nuestra Constitución ofrece para su reforma se contiene en el título X, del que he tenido ocasión de ocuparme, y tal regulación es rígida, pero esa rigidez se supera cuando hay consenso entre los partidos políticos. Hasta ahora se han producido dos reformas de la Constitución y, como ha recordado Jorge de Esteban, en ambos casos la iniciativa vino de Europa. Se reformó el artículo 13 para permitir a los residentes comunitarios en España votar y ser votados en las elecciones municipales y también se ha reformado recientemente el artículo 135, de amplio contenido, por un rápido procedimiento consensuado por el PSOE y el PP, reforma que ha establecido para todas las administraciones públicas la obligación de actuar conforme al principio de estabilidad presupuestaria.

En España ha existido un proyecto de reforma de la Constitución y para llevarlo a cabo el Gobierno, en el año 2006, solicitó un informe al Consejo de Estado. Se fijaron como objetivos la igualdad de trato entre el varón y la mujer para acceder al trono, que los nombres de las comunidades autónomas ya establecidas figuraran en el Constitución, que se reformara el Senado para que integrara a las comunidades autónomas convirtiéndolo en una auténtica Cámara de representación territorial, que se cerrase definitivamente el modelo autonómico y, por último, que se incorporaran preceptos relativos a la integración de España en la Unión Europea. El Gobierno no promovió la reforma de la Constitución.

Aunque no se trató de un proyecto de reforma de la Constitución, debo referirme a que el Gobierno presidido por Leopoldo Calvo Sotelo acordó con el PSOE, poco después de la intentona de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981, constituir una Comisión de expertos sobre autonomías, para que informara y aclarara el título VIII de la Constitución. La Comisión emitió su informe el 19 de mayo de 1981. Ello dio lugar a una Ley Orgánica y Armonizadora del Proceso Autonómico (Loapa), pero, recurrida ante el Tribunal Constitucional, éste dictó sentencia de 5 de agosto de 1983, que anuló parcialmente la ley privándole de su carácter de Ley Orgánica y de Armonización porque la interpretación de la Constitución corresponde en exclusiva del Tribunal Constitucional.

En el pasado mes de noviembre se acaba de publicar un interesante libro del profesor Santiago Muñoz Machado, titulado Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo, en el que se muestra muy crítico sobre la falta de reforma de la Constitución, porque dice que estamos viviendo una crisis institucional de enorme hondura que resulta más grave y más difícil de resolver que la crisis económica que estamos padeciendo.

Para Muñoz Machado existen tres actitudes: a) volver al centralismo suprimiendo las autonomías; b) reducir las competencias de las comunidades autónomas y sus organismos, y c) la anterior, otorgándole además un régimen diferenciado a Cataluña, País Vasco y Galicia. Sin embargo, no se pronuncia sobre cuál prefiere.

Por otra parte, acaba de publicarse el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, realizado en el mes de noviembre, en el que el 52,5% de los encuestados se declara poco o nada satisfechos con la Constitución frente a un 37,45% que se declara bastante o muy satisfechos y un 44,6% declara que la Constitución se respeta poco o nada.

A la muerte de Franco hubo un consenso de los partidos para pasar de la dictadura a la democracia en un momento histórico. Hoy la cosa es diferente, ya que en Cataluña los partidos nacionalistas mayoritarios quieren convocar un referéndum de independencia y el PSOE ha pasado a defender un sistema federal asimétrico para España, mientras que el Partido Popular defiende el Estado de las autonomías, corrigiendo sus defectos. No existe el consenso que hubo entonces, ni en los temas a reformar ni en el contenido de las reformas. Si a eso unimos la crisis económica que padecemos, no parece que estemos en un momento propicio para la reforma de la Constitución.

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