LOS movimientos en torno a las entidades financieras españolas acaban concentrándose en un asunto principal: la incertidumbre sobre el valor de los activos inmobiliarios. Da igual que sean los fondos chinos, el fondo soberano noruego, de un emirato, o privados norteamericanos. A la hora de valorar la inversión la pregunta es cómo va a evolucionar el sector inmobiliario español, las variables que determinan la demanda de vivienda, y las condiciones bajo las que puede recuperarse la promoción. Un tema recurrente desde el principio de la crisis es el deterioro de los activos en los balances bancarios, las dotaciones con cargo a reservas o cuenta de resultados, la necesidad de capitalización y el coste de la financiación. Como se está poniendo de manifiesto, las dificultades de salir a los mercados y lo poco que están dispuestos a pagar los inversores por nuestras entidades financieras se debe principalmente a las dudas en torno al sector inmobiliario, pues el ajuste de dimensión y costes ya se está haciendo.

Se ha impuesto, por fin, la evidencia de que el problema del desempleo tiene su origen en una fortísima incorporación de mano de obra ante el crecimiento desmesurado del sector, y la caída posterior de ese empleo. La pérdida puede cifrarse en más de millón y medio de personas, seguramente superior si pudiéramos calcular la incidencia total del sector sobre la economía. No puede haber recuperación significativa del crecimiento y el empleo en España hasta que estos efectos negativos se compensen, bien por incorporación de mano de obra a sectores nuevos, lo cual es un proceso muy lento, o cuando se vaya solucionando el desajuste fundamental del sector inmobiliario. Este problema afecta particularmente a Andalucía donde se dan más del 18% de las transacciones inmobiliarias, dato superior en cinco puntos al de otras autonomías como Cataluña, Valencia o Madrid. Los datos oficiales sobre el mercado de la vivienda llevan siempre un lógico desfase, pero fuentes del sector señalan que el primer trimestre ha sido el peor en los últimos años, al estar prácticamente parada la promoción.

Sorprende que no se hayan tomado medidas y que tampoco exista presión para hacerlo. Existen distintos mercados de viviendas según tipos y localización, y cada uno requiere un tratamiento diferenciado, pero hay acciones comunes que deberían formar parte de un plan. Las medidas van desde una eficaz promoción exterior a agilizar los planes de ordenación urbana; la reducción de impuestos municipales, o hacer efectiva la seguridad en el alquiler. Además, habría que distinguir nuestros vehículos de inversión colectiva para que ofrecieran ventajas claras sobre los de nuestro entorno, así como dar facilidades para la fusión entre empresas del sector que permitieran la reestructuración del mismo.

La caída del empleo deteriora las cuentas públicas y la deuda en poder de las entidades financieras; los beneficios de la reforma del sector inmobiliario se trasladarían rápidamente al financiero, al crédito, reducirían sustancialmente la incertidumbre actual y permitiría aprovechar el, pese a todo, buen momento internacional.