PARECE claro que asistimos al final del proceso expansivo de la economía española, de lo que ya teníamos señales incipientes hace varios trimestres y que se hacen más claras y se agravan a medida que conocemos los datos más recientes: creación y liquidación de sociedades, afiliación a la Seguridad Social, paro registrado o inflación, entre otros, ninguno de ellos favorable. Uno de los motores económicos de los últimos tiempos, la construcción de viviendas, se va alejando del dinamismo pasado y no es probable -y quizá ni siquiera posible- que lo recupere en unos cuantos años. Nuestra competitividad internacional no ha mejorado en los años recientes a la vista de un fuerte saldo negativo de la balanza comercial que ya no somos capaces de compensar con los ingresos turísticos.

En los últimos años hemos consumido, hemos invertido y nos hemos endeudado en gran cuantía. En buena medida lo hemos soportado con nuestra propia capacidad financiera, pero también hemos acudido intensamente a los mercados financieros internacionales. Las emisiones de los bancos españoles han sido generalmente bien acogidas por el elevado rating de los bancos y de los títulos ofrecidos y por una buena apreciación sobre España. Pero esta capacidad de acudir a los mercados internacionales está fuertemente estrangulada, al menos por el momento. La calidad de nuestro sistema financiero es indudable, pero los mercados desconocen todavía el auténtico calado de una crisis financiera que tuvo su origen visible en agosto de 2007. En la actual situación de incertidumbre, todos los títulos relacionados con lo inmobiliario están sometidos a cuarentena -aunque las hipotecas españolas sean de gran calidad- y, además, los mercados aprecian que el sistema financiero español, y aún la economía española, tienen una gran e inconveniente vinculación con el sector inmobiliario.

Dicho en otras palabras, tendremos dificultades para obtener financiación externa para nuestra economía, o al menos careceremos de las facilidades de las que hemos disfrutado. No es una casualidad que los bancos y cajas de ahorro se estén volcando en la captación de pasivo en España, a la vez que se está restringiendo el crédito y no sólo a los promotores y compradores de vivienda. Si a esta limitación a la fuente de financiación de la que hemos disfrutado en estos años sumamos una balanza comercial fuertemente deficitaria tendremos que coincidir en que hay problemas en el horizonte.

La coincidencia del final de un periodo expansivo con un momento electoral tendrá sin duda consecuencias en los planteamientos programáticos que respecto a la Economía hagan los partidos políticos en liza. Al menos entre los partidos con vocación de Estado, ya que de los provincianos no cabe esperar mucho.

En mi opinión, no hay un remedio milagroso que nos permita evitar una desaceleración pronunciada e incluso una crisis, pero la acción política puede reducir su intensidad y aún acortarla en el tiempo. En primer lugar, es necesario que las familias disfruten de una renta disponible más elevada, lo cual se logra reduciendo los impuestos de un modo sustantivo. Y esto sólo es posible si el Estado acepta cuáles son sus límites en una sociedad avanzada, y si acepta también que no debe crecer ilimitadamente como lo ha venido haciendo hasta ahora y como parece querer hacerlo en el futuro a tenor de los compromisos de gasto social y los Estatutos de Autonomía versión 2.0.

Los efectos de una reducción de los impuestos sobre las expectativas de las familias, sobre el consumo privado y sobre la capacidad de atender los compromisos financieros son evidentes, además de inmediatos. Y esa reducción es posible, pero hay que tener el coraje suficiente para contener el gasto público.

No tiene un efecto inmediato como lo anterior, pero es necesario seguir profundizando en la liberalización del mercado, eliminando intervenciones y regulaciones innecesarias o deficientes. El asunto no es el tiempo que se tarda en constituir una empresa, la ventanilla única u otras mejoras o simplificaciones administrativas, sino que, por decirlo con dos ejemplos, se trata de que sea taxista todo aquél que quiera serlo y que los comercios abran cuando tengan por conveniente.

Claro que las reformas como éstas y otras similares son de incómoda aplicación porque pueden afectar a la posición de algunos grupos, en algunos casos son contrarias a la intuición popular y sus resultados no son inmediatos. Suelen preferir los políticos las reformas que no requieren más que financiación pública, ya que tienen la ventaja de que nadie o casi nadie se atreve a objetarlas; no perjudican posiciones adquiridas y beneficiarios inmediatos pueden constituirse en grupos de presión a favor de la reforma, si fuere necesario.

Yo más bien prefiero un país en el que la preocupación del Gobierno sea lograr que todas las personas, por sí mismas, se puedan sufragar el acceso a una vivienda, la creación de una familia del tamaño que tengan por conveniente y asegurarse su atención médica y su previsión. Es decir, una sociedad que no dependa del Gobierno. Pero me parece que en mi país está sucediendo todo lo contrario, ya que en los documentos oficiales de reforma se habla de "los jóvenes entre 18 y 35 años".