La tribuna

Pedro Parias Fernández De Heredia

Regantes ante la Ley de Aguas

EL pasado 17 de abril, la Consejería de Medio Ambiente presentaba a todos los agentes interesados el anteproyecto de Ley Andaluza del Agua, una norma que el regadío esperaba con mucha ilusión, y que aún creemos que puede ser positiva, siempre que se corrijan determinados aspectos que quiebran el consenso básico alcanzado con el Acuerdo Andaluz del Agua e incluso entran en colisión con la legislación nacional vigente y la Directiva Marco de Aguas.

Parece que la Consejería de Medio Ambiente está dispuesta a ello, y es algo de lo que nos alegramos enormemente. Rectificar es de sabios, y la consejera ha mostrado un gran sentido común y sobre todo prudencia al manifestar su predisposición a "salvar cualquier desfase que pueda haber con la norma básica". A nuestro parecer, los cambios que necesita el texto presentado por el Gobierno andaluz no son demasiados, pero sí sustanciales.

En primer lugar, nos parece sustancial y determinante reconocer a los usuarios el papel que les corresponde en la gestión y en la definición de la política hidráulica. Estamos de acuerdo en que se les dé voz a otros colectivos como consumidores, amas de casa o ecologistas, pero no en que esa "apertura" de la participación se realice a costa de los titulares de la concesión de agua -abastecimiento, hidroeléctricas y regantes-, porque al hacerlo lo que se consigue no es más democracia, sino más intervención, además de abrir un frente de conflicto con la ley estatal, que deja muy claro que sólo pueden ser considerados como usuarios de agua los titulares de una concesión.

Nos ha llamado también la atención desfavorablemente, como es lógico, que mientras el Acuerdo Andaluz por el Agua hacía un reconocimiento explícito del imprescindible papel de las comunidades de regantes en la gestión del agua, el anteproyecto de Ley de Aguas ha suprimido directamente el principio de participación de los usuarios, que ha sido uno de los ejes fundamentales de la gestión hídrica en nuestro país.

No es el único principio que desaparece: también lo hace el de unidad de cuenca hidrográfica, algo que sí podíamos prever más, por la nueva configuración provincial de la administración hidráulica andaluza. Con todo, hasta ahora, el discurso de la Junta de Andalucía había consistido en negar la mayor, y sostener que la unidad de cuenca no quedaba afectada por el modelo provincial. El propio Acuerdo Andaluz por el Agua así lo hacía. Pero da la impresión de que, con la nueva ley, los responsables de la política hidráulica andaluza acatan el modelo provincial fracasado en el litoral, y dan por definitivamente enterrado un modelo, el de la gestión por cuencas, que tiene tal prestigio que ha sido exportado por España a otros países europeos y que hoy constituye uno de los pilares fundamentales no sólo de nuestra Ley de Aguas estatal, sino de la propia Directiva Marco de Aguas.

Y si las expectativas que teníamos en estos dos capítulos -la gestión por cuencas y la participación de los usuarios- se han visto defraudadas por el anteproyecto de la nueva ley, es quizá en materia concesional e impositiva donde se hace mayor la distancia entre lo que esperábamos tras el Acuerdo Andaluz por el Agua y lo que el Gobierno andaluz ha propuesto.

Tenemos, no obstante, la esperanza de que esa distancia esté provocada más por un defecto de forma que por una discrepancia de fondo. Pero lo cierto es que, a día de hoy, lo que nos encontramos es con un nuevo canon de servicios generales, a través del cual la administración encontraría cobertura legal para modificar las cargas impositivas del regadío, algo que entra en franca colisión con las bases que permitieron la firma del Acuerdo Andaluz del Agua. De la misma forma, la revisión de las concesiones propuesta en la Ley del Agua rompe el consenso entre administración y regantes, pues significa, en la práctica, luz verde a que los ahorros conseguidos por la modernización del regadío se empleen en nuevos usos, y no en aumentar la garantía de agua.

En resumen, el texto propuesto por el Gobierno andaluz no es el que nos esperábamos, y en determinados puntos creemos que resulta casi una desautorización explícita, o un borrón bastante notorio, del Acuerdo Andaluz por el Agua, que sí apoyó Feragua y que en teoría debía servir como base para la elaboración de una norma que obtuviera el mayor respaldo posible. Aún estamos a tiempo de recuperar ese consenso. Por nuestra parte no faltará nunca la mano tendida hacia el Gobierno andaluz y una actitud de diálogo permanente. Por ello, hemos solicitado una ampliación del plazo de información pública del Anteproyecto de Ley para tener mas tiempo para resolver estas diferencias en pro de una mejor gestión del agua y un regadío más eficiente, moderno y competitivo.

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